Del *New York Packet*. Viernes 14 de diciembre de 1787.
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
ADEMÁS de los defectos ya enumerados en el sistema federal existente, hay otros de no menor importancia, que concurren en hacerlo totalmente inepto para la administración de los asuntos de la Unión.
La falta de un poder para regular el comercio es reconocida por todos los partidos como uno de los de la lista. La utilidad de tal poder ya ha sido anticipada bajo el primer apartado de nuestras indagaciones; y por esta razón, así como por la convicción universal que se tiene sobre el tema, es necesario añadir muy poco en este lugar.
Es en verdad evidente, a la vista más superficial, que no hay objeto, ya sea en lo que respecta a los intereses del comercio o de las haciendas, que demande con mayor fuerza una superintendencia federal. La falta de ella ya ha funcionado como un obstáculo para la formación de tratados beneficiosos con potencias extranjeras, y ha dado motivos de descontento entre los Estados.
Ninguna nación que conozca la naturaleza de nuestra asociación política sería tan imprudente como para contraer compromisos con los Estados Unidos por los cuales concediera privilegios de alguna importancia para ella, al tiempo que estuviera advertida de que los compromisos por parte de la Unión podían ser violados en cualquier momento por sus miembros, y mientras experimentara que podía disfrutar de cualquier ventaja que deseara en nuestros mercados, sin concedernos más retribución que la que su conveniencia momentánea le sugiriera.
No es de extrañar, por tanto, que el señor Jenkinson, al presentar en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley para regular el intercambio comercial temporal entre los dos países, precediera su introducción con la declaración de que disposiciones similares en leyes anteriores habían demostrado cumplir con todos los propósitos del comercio de Gran Bretaña, y que sería prudente persistir en el plan hasta que se viera si el gobierno estadounidense parecía adquirir o no una mayor consistencia.(1)
Varios Estados se han esforzado, mediante prohibiciones, restricciones y exclusiones separadas, en influir sobre la conducta de ese reino en este particular; pero la falta de acuerdo, derivada de la carencia de una autoridad general y de los puntos de vista encontrados y dispares de los Estados, ha frustrado hasta ahora todo experimento de esa índole, y seguirá haciéndolo mientras sigan existiendo los mismos obstáculos para lograr la uniformidad de medidas.
Las reglamentaciones entrometidas y poco vecinas de algunos Estados, contrarias al verdadero espíritu de la Unión, han dado, en diferentes ocasiones, justo motivo de recelo y queja a otros, y es de temer que ejemplos de esta índole, de no ser frenados por un control nacional, se multipliquen y extiendan hasta convertirse no solo en fuentes graves de animosidad y discordia, sino también en impedimentos perjudiciales para las relaciones entre las distintas partes de la Confederación.
"El comercio del imperio alemán(2) se encuentra continuamente entorpecido por la multiplicidad de derechos que los diversos príncipes y estados exigen sobre las mercancías que transitan por sus territorios, debido a lo cual los hermosos arroyos y ríos navegables con los que Alemania está tan felizmente regada se vuelven casi inútiles."
Aunque el genio de los habitantes de este país jamás permitiera que esta descripción nos fuera estrictamente aplicable, podemos esperar razonablemente que, debido a los conflictos graduales entre las regulaciones estatales, los ciudadanos de cada uno terminaran siendo considerados y tratados por los demás poco menos que como extranjeros y extraños.
El poder de reclutar ejércitos, según la interpretación más obvia de los Artículos de la Confederación, es meramente la facultad de hacer requisiciones a los Estados para obtener cuotas de hombres. En el transcurso de la última guerra, se comprobó que esta práctica estaba llena de obstáculos para un sistema de defensa vigoroso y económico.
Dio origen a una competencia entre los Estados que creó una especie de subasta de hombres. Con el fin de cubrir las cuotas que se les exigían, pujaron unos contra otros hasta que las primas alcanzaron un tamaño desmesurado e insoportable. La esperanza de un aumento aún mayor constituyó un incentivo para aquellos dispuestos a servir a postergar su alistamiento, y los desmotivó para comprometerse por periodos prolongados.
De ahí que se obtuvieran levas de hombres lentas y escasas en las emergencias más críticas de nuestros asuntos; alistamientos breves a un costo sin parangón; fluctuaciones continuas en las tropas, ruinosas para su disciplina y que exponían con frecuencia la seguridad pública a la crisis peligrosa de un ejército disuelto. De ahí también aquellos expedientes opresivos para reclutar hombres que se pusieron en práctica en varias ocasiones, y que nada salvo el entusiasmo por la libertad habría inducido al pueblo a soportar.
Este método de reclutar tropas no es más hostil para la economía y el vigor de lo que lo es para una distribución equitativa de la carga.
Los Estados cercanos al teatro de la guerra, influidos por motivos de autoconservación, hicieron esfuerzos por aportar sus contingentes, los cuales incluso excedieron sus capacidades; mientras que aquellos alejados del peligro fueron, en su mayoría, tan remisos como diligentes los otros en sus esfuerzos.
La presión inmediata de esta desigualdad no se vio mitigada en este caso, como en el de las contribuciones de dinero, por la esperanza de una liquidación final. A los Estados que no pagaban su proporción de dinero se les podía al menos cargar sus déficits; pero no se podía hacer ningún cálculo de los déficits en el suministro de hombres.
No tendremos, sin embargo, muchos motivos para lamentar la falta de esta esperanza, si consideramos cuán pocas probabilidades hay de que los Estados más morosos puedan llegar a compensar jamás sus fracasos pecuniarios.
El sistema de cuotas y requisiciones, ya se aplique a hombres o a dinero, es, desde todo punto de vista, un sistema de imbecilidad en la Unión, y de desigualdad e injusticia entre los miembros.
El derecho de sufragio igualitario entre los Estados es otra parte censurable de la Confederación. Toda idea de proporción y toda regla de representación justa conspiran para condenar un principio que le otorga a Rhode Island un peso igual en la balanza del poder que a Massachusetts, Connecticut o Nueva York; y a Delaware, una voz igual en las deliberaciones nacionales que a Pensilvania, Virginia o Carolina del Norte.
Su funcionamiento contradice la máxima fundamental del gobierno republicano, que exige que deba prevalecer el parecer de la mayoría. La sofística podrá replicar que los soberanos son iguales, y que una mayoría de los votos de los Estados será una mayoría de la América confederada. Pero este tipo de juego de manos lógico nunca contrarrestará las claras sugerencias de la justicia y del sentido común.
Puede suceder que esta mayoría de Estados sea una pequeña minoría del pueblo de América;(3) y no se podría persuadir por mucho tiempo a dos terceras partes del pueblo de América, basándose en el crédito de distinciones artificiales y sutilezas silogísticas, de que sometan sus intereses a la gestión y disposición de una tercera parte.
Los Estados más grandes se rebelarían al cabo de un tiempo contra la idea de recibir la ley de los más pequeños. Convenir en semejante privación de la importancia que les corresponde en la escala política, no sería meramente ser insensibles al amor al poder, sino incluso sacrificar el deseo de igualdad. No es racional esperar lo primero, ni justo exigir lo segundo.
Los Estados más pequeños, considerando cuán singularmente dependen su seguridad y bienestar de la unión, deberían renunciar sin vacilar a una pretensión que, de no ser abandonada, resultaría fatal para su duración.
Puede objetarse a esto que no siete, sino nueve Estados, o dos terceras partes del número total, deben consentir en las resoluciones más importantes; y de ahí puede inferirse que nueve Estados comprenderían siempre a una mayoría de la Unión.
Pero esto no anula la incorrección de un voto igualitario entre Estados de dimensiones y población sumamente desiguales; ni la inferencia es exacta en cuanto a los hechos; pues podemos enumerar nueve Estados que contienen menos de una mayoría de la población;(4) y es constitucionalmente posible que estos nueve emitan el voto.
Además, hay asuntos de considerable importancia que pueden decidirse por una mera mayoría; y hay otros, acerca de los cuales se han abrigado dudas, que, si se interpretaran en favor de la suficiencia del voto de siete Estados, extenderían su aplicación a intereses de la máxima magnitud.
Además de esto, debe observarse que existe la probabilidad de un aumento en el número de Estados, y ninguna disposición para un incremento proporcional de la proporción de votos.
Pero esto no es todo: lo que a primera vista puede parecer un remedio, es, en realidad, un veneno. Dar a una minoría un voto negativo sobre la mayoría (lo que siempre ocurre cuando se requiere más que una mayoría para tomar una decisión), tiende, en su consecuencia, a someter el criterio del mayor número al del menor.
El Congreso, debido a la inasistencia de unos pocos Estados, se ha hallado frecuentemente en la situación de una Dieta polaca, en la que un solo VOTO ha bastado para paralizar todos sus movimientos. Una sexagésima parte de la Unión, que es aproximadamente la proporción de Delaware y Rhode Island, ha podido en varias ocasiones interponer un obstáculo insalvable a sus operaciones.
Este es uno de esos refinamientos que, en la práctica, produce un efecto opuesto al que se espera de él en teoría. La necesidad de unanimidad en los cuerpos públicos, o de algo que se le aproxime, se ha basando en la suposición de que contribuiría a la seguridad. Pero su funcionamiento real consiste en avergonzar la administración, destruir la energía del gobierno y sustituir el agrado, el capricho o las artimañas de una camarilla insignificante, turbulenta o corrupta, por las deliberaciones y decisiones regulares de una mayoría respetable.
En esas emergencias de una nación, en las cuales la bondad o la maldad, la debilidad o la fuerza de su gobierno es de la mayor importancia, hay comúnmente una necesidad de acción. Los asuntos públicos deben, de un modo u otro, seguir su curso. Si una minoría pertinaz puede controlar la opinión de una mayoría respecto al mejor modo de dirigirlos, la mayoría, para que algo pueda hacerse, debe ajustarse a los puntos de vista de la minoría; y así el criterio del número menor prevalecerá sobre el del mayor, y dará la pauta a los procedimientos nacionales.
De ahí, las demoras tediosas; la negociación y la intriga continuas; los compromisos despreciables del bien público. Y, sin embargo, en un sistema así, resulta incluso afortunado cuando tales compromisos pueden llevarse a cabo; pues en ciertas ocasiones las cosas no admiten arreglo; y entonces las medidas del gobierno deben ser suspendidas perjudicialmente, o derrotadas fatalmente. A menudo se le mantiene en un estado de inacción debido a la imposibilidad de obtener la concurrencia del número necesario de votos. Su situación debe denotar siempre debilidad, y a veces rayar en la anarquía.
No es difícil descubrir que un principio de esta clase da mayor margen a la corrupción extranjera, así como a la facción doméstica, que aquel que permite que decida el parecer de la mayoría; aunque se haya supuesto lo contrario.
El error ha provenido de no atender con la debida atención a los perjuicios que pueden ser ocasionados por la obstrucción de la marcha del gobierno en ciertas épocas críticas.
Cuando la Constitución exige el concurso de un gran número de personas para la realización de cualquier acto nacional, tendemos a quedarnos tranquilos pensando que todo está seguro, porque es improbable QUE SE HAGA nada inadecuado, pero olvidamos cuánto bien puede impedirse y cuánto mal puede producirse por el poder de obstaculizar la ejecución de lo que puede ser necesario y de mantener los asuntos en la misma postura desfavorable en la que puedan encontrarse en determinados periodos.
Supongamos, por ejemplo, que estuviéramos enzarzados en una guerra, junto con una nación extranjera, contra otra. Supongamos que la necesidad de nuestra situación exigiera la paz, y que el interés o la ambición de nuestro aliado lo llevaran a buscar la prosecución de la guerra, con miras que pudieran justificarnos en la concertación de términos por separado.
En tal estado de cosas, este aliado nuestro encontraría evidentemente mucho más fácil, mediante sus sobornos e intrigas, atarle las manos al gobierno para impedir que hiciera la paz, donde dos terceras partes de todos los votos eran necesarias para ese objetivo, que donde una mayoría simple bastaría. En el primer caso, tendría que corromper a un número menor; en el último, a un número mayor.
Sobre el mismo principio, sería mucho más fácil para una potencia extranjera con la que estuviéramos en guerra desconcertar nuestros concilios y obstaculizar nuestros esfuerzos. Y, desde un punto de vista comercial, podríamos estar expuestos a inconvenientes similares. Una nación con la que pudiéramos tener un tratado de comercio tendría mucha más facilidad para impedir que estableciéramos una conexión con su rival en el comercio, aunque dicha conexión nos resultara sumamente beneficiosa.
Males de esta índole no deben ser considerados imaginarios. Uno de los flancos débiles de las repúblicas, entre sus numerosas ventajas, es que ofrecen una vía de entrada demasiado fácil a la corrupción extranjera.
Un monarca hereditario, aunque a menudo inclinado a sacrificar a sus súbditos a su ambición, tiene un interés personal tan grande en el gobierno y en la gloria exterior de la nación, que no le es fácil a una potencia extranjera ofrecerle un equivalente por lo que sacrificaría mediante la traición al Estado.
El mundo ha sido, por consiguiente, testigo de pocos ejemplos de esta especie de prostitución real, aunque ha habido abundantes especímenes de cualquier otra clase.
En las repúblicas, las personas elevadas de la masa de la comunidad, por los sufragios de sus conciudadanos, a puestos de gran preeminencia y poder, pueden hallar compensaciones por traicionar su mandato que, para cualquier mente que no esté animada y guiada por una virtud superior, pueden parecer exceder la proporción de interés que poseen en el caudal común y desequilibrar las obligaciones del deber.
De ahí es que la historia nos suministra tantos ejemplos mortificantes de la prevalencia de la corrupción extranjera en los gobiernos republicanos. Cuánto contribuyó esto a la ruina de las antiguas repúblicas ya ha sido delineado.
Es bien sabido que los diputados de las Provincias Unidas han sido, en varias ocasiones, comprados por los emisarios de los reinos vecinos. El conde de Chesterfield (si la memoria no me falla), en una carta a su corte, da a entender que su éxito en una negociación importante debe depender de que obtenga el cargo de mayor para uno de dichos diputados.
Y en Suecia los partidos eran comprados alternativamente por Francia e Inglaterra de una manera tan descarada y notoria que despertó una repulsión general en la nación, y fue una de las causas principales de que el monarca más limitado de Europa, en un solo día, sin tumulto, violencia u oposición, se convirtiera en uno de los más absolutos y descontrolados.
Aún queda por mencionar una circunstancia que corona los defectos de la Confederación: la falta de un poder judicial. Las leyes son letra muerta sin tribunales que expongan y definan su verdadero sentido y aplicación.
Los tratados de los Estados Unidos, para tener alguna fuerza, deben ser considerados como parte de la ley del país. Su verdadero significado, en lo que respecta a los individuos, debe, como todas las demás leyes, ser determinado por resoluciones judiciales. Para producir uniformidad en estas resoluciones, deben someterse, en última instancia, a un TRIBUNAL SUPREMO. Y este tribunal debe ser instituido bajo la misma autoridad que forma los tratados mismos. Estos elementos son ambos indispensables.
- Si hay en cada Estado un tribunal de última jurisdicción, puede haber tantas determinaciones finales diferentes sobre un mismo punto como tribunales hay.
- Hay diversidades interminables en las opiniones de los hombres.
- A menudo vemos que no solo diferentes tribunales, sino los jueces de un mismo tribunal, difieren entre sí.
Para evitar la confusión que inevitablemente resultaría de las decisiones contradictorias de varios tribunales independientes, todas las naciones han considerado necesario establecer un tribunal supremo respecto de los demás, que posea una superintendencia general y esté autorizado para fijar y declarar en última instancia una regla uniforme de justicia civil.
Esto es tanto más necesario cuanto que el sistema del gobierno está compuesto de tal manera que las leyes del todo corren el peligro de ser contravenidas por las leyes de las partes. En este caso, si los tribunales particulares están investidos de un derecho de jurisdicción última, además de las contradicciones que cabe esperar por la diferencia de opiniones, habrá mucho que temer del sesgo de los puntos de vista y prejuicios locales, y de la interferencia de las regulaciones locales.
Tan frequentemente como semejante injerencia hubiese de ocurrir, habría razones para temer que las disposiciones de las leyes particulares fuesen preferidas a las de las leyes generales; pues nada es más natural para los hombres en el cargo que mirar con singular deferencia hacia aquella autoridad a la que deben su existencia oficial.
Los tratados de los Estados Unidos, bajo la Constitución actual, están expuestos a las infracciones de trece legislaturas diferentes, y de otros tantos tribunales distintos de última instancia, que actúan bajo la autoridad de esas legislaturas. La buena fe, la reputación, la paz de toda la Unión están así continuamente a merced de los prejuicios, las pasiones y los intereses de cada uno de los miembros que la componen.
¿Es posible que las naciones extranjeras respeten o confíen en semejante gobierno? ¿Es posible que el pueblo de América consienta por más tiempo en confiar su honor, su felicidad, su seguridad, sobre un cimiento tan precario?
En esta revisión de la Confederación, me he limitado a la exposición de sus defectos más materiales; pasando por alto aquellas imperfecciones en sus detalles mediante las cuales incluso una gran parte del poder destinado a serle conferido se ha vuelto en gran medida inútil. Debe ser evidente a estas alturas para todos los hombres reflexivos, que puedan despojarse de las prevenciones de las opiniones preconcebidas, que es un sistema tan radicalmente vicioso e inconsistente, que no admite enmienda sino mediante un cambio completo en sus rasgos y caracteres principales.
La organización del Congreso es en sí misma totalmente impropia para el ejercicio de aquellos poderes que es necesario depositar en la Unión. Una sola asamblea puede ser un receptáculo adecuado para esas facultades escasas, o más bien encadenadas, que hasta ahora se han delegado en la cabeza federal; pero sería incompatible con todos los principios del buen gobierno confiarle esos poderes adicionales que, incluso los adversarios moderados y más racionales de la Constitución propuesta admiten que deberían residir en los Estados Unidos.
Si ese plan no fuera adoptado, y si la necesidad de la Unión fuera capaz de resistir los ambiciosos propósitos de aquellos hombres que puedan abrigar ambiciosos proyectos de engrandecimiento personal a partir de su disolución, la probabilidad sería que corriéramos hacia el proyecto de conferir poderes suplementarios al Congreso, tal como se encuentra constituido actualmente; y o bien la máquina, por la intrínseca debilidad de su estructura, se desmoronará en pedazos, a pesar de nuestros mal aconsejados esfuerzos por apuntalarla; o bien, mediante aumentos sucesivos de su fuerza y energía, según lo imponga la necesidad, acumularemos finalmente, en un solo cuerpo, todas las prerrogativas más importantes de la soberanía, legando así a nuestra posteridad una de las formas de gobierno más execrables que la insensatez humana haya ideado jamás.
Por lo tanto, deberíamos crear en la realidad esa misma tiranía que los adversarios de la nueva Constitución están ansiosos, o fingen estarlo, por evitar.
No poco ha contribuido a las flaquezas del actual sistema federal el que jamás haya obtenido la ratificación del PUEBLO.
Descansando sobre nada mejor que el consentimiento de las distintas legislaturas, ha estado expuesta a frecuentes y enmarañadas cuestiones relativas a la validez de sus poderes, y ha dado lugar, en algunos casos, a la enorme doctrina de un derecho de revocación legislativa. Debiendo su ratificación a la ley de un Estado, se ha sostenido que esa misma autoridad podría revocar la ley por la cual fue ratificada.
Por más grotesca que sea la herejía de sostener que una PARTE de un PACTO tiene derecho a revocar dicho PACTO, la doctrina en sí misma ha tenido defensores respetables.
La posibilidad de una cuestión de esta naturaleza prueba la necesidad de cimentar las bases de nuestro gobierno nacional en algo más profundo que la mera sanción de una autoridad delegada. El edificio del imperio americano debe descansar sobre la sólida base del CONSENTIMIENTO DEL PUEBLO. Las vertientes del poder nacional deben manar inmediatamente de esa fuente pura y original de toda autoridad legítima.
PUBLIO
- Este, según recuerdo casi exactamente, fue el sentido de su discurso al presentar el último proyecto de ley.
- Enciclopedia, artículo «Imperio».
- New Hampshire, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Georgia, South Carolina, and Maryland are a majority of the whole number of the States, but they do not contain one third of the people.
- Añádanse Nueva York y Connecticut a los siete anteriores, y serán menos que una mayoría.