Del *Independent Journal*. Miércoles, 2 de enero de 1788.
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
AUNQUE soy de opinión de que no habría un peligro real de las consecuencias que parecen temerse para los gobiernos estatales por parte de una facultad de la Unión para controlarlos en las recaudaciones de dinero, porque estoy convencido de que el sentimiento del pueblo, el peligro extremo de provocar el resentimiento de los gobiernos estatales y la convicción de la utilidad y necesidad de administraciones locales para fines locales constituerían una barrera completa contra el uso opresivo de tal facultad; sin embargo, estoy dispuesto a admitir aquí, en toda su extensión, la justicia del razonamiento que exige que los Estados particulares posean una autoridad independiente e incontrolable para recaudar sus propios ingresos con el fin de proveer a sus propias necesidades.
Y al hacer esta concesión, afirmo que (con la única excepción de los derechos sobre importaciones y exportaciones) conservarían esa autoridad bajo el plan de la convención en el sentido más absoluto e incondicional; y que un intento por parte del gobierno nacional de coartarles en su ejercicio sería una violenta asunción de poder, no justificada por ningún artículo o cláusula de su Constitución.
Una consolidación completa de los Estados en una sola soberanía nacional implicaría una subordinación total de las partes; y cualesquiera que fuesen los poderes que en ellas permanecieran, dependerían por completo de la voluntad general.
Pero como el plan de la convención apunta únicamente a una unión o consolidación parcial, los gobiernos estatales conservarían claramente todos los derechos de soberanía que tenían antes y que no hubiesen sido, por ese acto, EXCLUSIVAMENTE delegados en los Estados Unidos.
Esta delegación exclusiva, o más bien esta alienación de la soberanía del Estado, solo existiría en tres casos:
- donde la Constitución en términos expresos confería una autoridad exclusiva a la Unión;
- donde confería en un caso una autoridad a la Unión, y en otro prohibía a los Estados el ejercicio de una autoridad semejante;
- y donde confería una autoridad a la Unión, a la cual una autoridad similar en los Estados sería absoluta y totalmente CONTRADICTORIA y REPUGNANTE.
Utilizo estos términos para distinguir este último caso de otro que pudiera parecerse a él, pero que sería, de hecho, esencialmente diferente; me refiero a aquel en que el ejercicio de una jurisdicción concurrente pudiera producir interferencias ocasionales en la POLÍTICA de cualquier rama de la administración, pero no implicaría ninguna contradicción directa o incompatibilidad en cuanto a la autoridad constitucional.
Estos tres casos de jurisdicción exclusiva del gobierno federal pueden ejemplificarse con los siguientes casos:
La penúltima cláusula de la octava sección del primer artículo dispone expresamente que el Congreso ejercerá "LEGISLACIÓN EXCLUSiva" sobre el distrito que deba destinarse como sede del gobierno. Esto responde al primer caso.
La primera cláusula de la misma sección faculta al Congreso «para establecer y cobrar contribuciones, impuestos, derechos y sisas»; y la segunda cláusula de la décima sección del mismo artículo declara que «NINGÚN ESTADO PODRÁ, sin el consentimiento del Congreso, establecer ningún impuesto ni derecho sobre las importaciones o exportaciones, excepto con el propósito de hacer cumplir sus leyes de inspección». De ahí resultaría un poder exclusivo en la Unión para establecer derechos sobre las importaciones y exportaciones, con la salvedad particular mencionada; pero este poder se ve recortado por otra cláusula, que declara que no se establecerá ningún impuesto o derecho sobre los artículos exportados desde ningún Estado; como consecuencia de dicha salvedad, ahora solo se extiende a los DERECHOS SOBRE IMPORTACIONES. Esto corresponde al segundo caso.
El tercero se hallará en aquella cláusula que declara que el Congreso tendrá poder "para establecer una REGLA UNIFORME de naturalización en todos los Estados Unidos". Esta debe ser necesariamente excluyente; porque si cada Estado tuviera el poder de prescribir una REGLA DISTINTA, no podría haber una REGLA UNIFORME.
Un caso que quizá pueda considerarse semejante a este último, pero que en realidad es muy diferente, afecta a la cuestión que se está considerando inmediatamente. Me refiero al poder de imponer contribuciones a todos los artículos que no sean exportaciones e importaciones. Este, sostengo, es manifiestamente una autoridad concurrente y copartícipe en los Estados Unidos y en los Estados individuales.
Evidentemente, no hay ninguna expresión en la cláusula de concesión que haga que ese poder sea EXCLUSIVO de la Unión. No hay ninguna cláusula o frase independiente que prohíba a los Estados ejercerlo. Tan lejos está esto de ser el caso, que se puede deducir un argumento claro y concluyente en sentido contrario a partir de la restricción impuesta a los Estados en relación con los derechos de importación y exportación.
Esta restricción implica la admisión de que, de no haberse incluido, los Estados poseeráan el poder que excluye; y también implica la ulterior admisión de que, en cuanto a todos los demás impuestos, la autoridad de los Estados permanece inminente. Bajo cualquier otro punto de vista sería tanto innecesaria como peligrosa; * sería innecesaria, porque si la concesión a la Unión del poder de establecer tales derechos implicaba la exclusión de los Estados, o incluso su subordinación en este aspecto particular, no habría necesidad de tal restricción; * sería peligrosa, porque su introducción conduce directamente a la conclusión que se ha mencionado y que, de ser justa la argumentación de los opositores, no podría haber sido intencionada;
Quiero decir que los Estados, en todos los casos a los que no se aplicara la restricción, tendrían un poder concurrente de tributación con la Unión.
La restricción en cuestión equivale a lo que los juristas llaman un PREÑADO NEGATIVO, es decir, la NEGACIÓN de una cosa y la AFIRMACIÓN de otra: la negación de la autoridad de los Estados para imponer contribuciones sobre las importaciones y exportaciones, y la afirmación de su autoridad para imponerlas sobre todos los demás artículos. Sería mera sofistería argumentar que se pretendía excluirlos ABSOLUTAMENTE de la imposición de contribuciones del primer tipo, y dejarlos en libertad de establecer otras SUJETAS AL CONTROL de la legislatura nacional.
La cláusula restrictiva o prohibitiva solo dice que no impondrán tales derechos SIN EL CONSENTIMIENTO DEL CONGRESO; y si hemos de entender esto en el sentido mencionado en último lugar, se haría entonces que la Constitución introdujera una disposición formal en aras de una conclusión muy absurda; a saber, que los Estados, CON EL CONSENTIMIENTO de la legislatura nacional, podrían gravar las importaciones y exportaciones; y que podrían gravar cualquier otro artículo, A MENOS QUE FUERAN CONTROLADOS por el mismo cuerpo.
Si esta era la intención, ¿por qué no dejarla, en primera instancia, a lo que se alega que es la operación natural de la cláusula original, que confiere un poder general de imposición a la Unión? Es evidente que esta no pudo haber sido la intención y que no resistirá una interpretación de ese tipo.
En cuanto a la suposición de incompatibilidad entre la facultad impositiva de los Estados y la de la Unión, no puede sostenerse en el sentido que sería necesario para producir la exclusión de los Estados. Es, en verdad, posible que un Estado grave un artículo determinado de tal modo que haga INCONVENIENTE que la Unión imponga un nuevo gravamen sobre ese mismo artículo; pero ello no implicaría una incapacidad constitucional para imponer tal tributo adicional.
La cuantía de la imposición, la conveniencia o inconveniencia de un aumento por cualquiera de las partes, serían mutuamente cuestiones de prudencia; pero no implicarían ninguna contradicción directa de poder.
La política particular de los sistemas de hacienda nacional y estatal podría de vez en cuando no coincidir exactamente, y podría requerir tolerancias recíprocas. No es, sin embargo, una mera posibilidad de inconveniente en el ejercicio de los poderes, sino una repugnancia constitucional inmediata la que puede, por implicación, alienar y extinguir un derecho de soberanía preexistente.
La necesidad de una jurisdicción concurrente en ciertos casos resulta de la división del poder soberano; y la regla de que todas las autoridades de las que los Estados no sean explícitamente despojados en favor de la Unión permanecen con ellos en pleno vigor, no es una consecuencia teórica de dicha división, sino que es claramente admitida por todo el tenor del documento que contiene los artículos de la Constitución propuesta.
Allí encontramos que, no obstante las concesiones afirmativas de facultades generales, ha existido el cuidado más escrupuloso en aquellos casos en los que se consideró inadecuado que facultades similares residieran en los Estados, de insertar cláusulas negativas que prohíben su ejercicio por parte de los Estados.
La décima sección del primer artículo consiste enteramente en disposiciones de esa índole. Esta circunstancia es una clara indicación del criterio de la convención y proporciona una regla de interpretación extraída del cuerpo de la ley, que justifica la postura que he defendido y refuta cualquier hipótesis en contrario.
PUBLIUS Anclaje H2