Para el Independent Journal. Sábado, 22 de diciembre de 1788
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
ERA cosa difícil de esperar que en una revolución popular las mentes de los hombres se detuvieran en ese feliz término medio que marca el límite saludable entre el PODER y el PRIVILEGIO, y combina la energía del gobierno con la seguridad de los derechos privados.
Un fallo en este delicado e importante punto es la gran fuente de los inconvenientes que experimentamos, y si no somos cautelosos para evitar la repetición del error, en nuestros futuros intentos de rectificar y amparar nuestro sistema, podremos ir de un proyecto quimérico a otro; podremos probar cambio tras cambio; pero es poco probable que hagamos jamás un cambio sustancial para bien.
La idea de restringir la autoridad legislativa, en los medios de proveer para la defensa nacional, es uno de esos refinamientos que deben su origen a un celo por la libertad más ardiente que ilustrado.
Hemos visto, sin embargo, que hasta ahora no ha tenido una prevalencia extensa; que incluso en este país, donde hizo su primera aparición, Pensilvania y Carolina del Norte son los únicos dos Estados que la han patrocinado en algún grado; y que todos los demás se han negado a brindarle la menor aprobación; juzgando con prudencia que la confianza debe depositarse en alguna parte; que la necesidad de hacerlo está implícita en el acto mismo de delegar el poder; y que es preferible arriesgarse al abuso de esa confianza antes que entorpecer al gobierno y poner en peligro la seguridad pública mediante restricciones imprudentes a la autoridad legislativa.
Los opositores a la propuesta de Constitución combaten, a este respecto, la decisión general de América; y en lugar de ser enseñados por la experiencia sobre la conveniencia de corregir cualquier exceso en el que hayamos incurrido hasta ahora, parecen dispuestos a conducirnos a otros todavía más peligrosos y más extravagantes. Como si se hubiera encontrado que el tono del gobierno es demasiado alto o demasiado rígido, las doctrinas que enseñan están calculadas para inducirnos a deprimirlo o a relajarlo mediante expedientes que, en otras ocasiones, han sido condenados o evitados.
Puede afirmarse, sin que se nos acuse de invectiva, que si los principios que inculcan, sobre varios puntos, llegaran a prevalecer hasta convertirse en el credo popular, incapacitarían por completo al pueblo de este país para cualquier forma de gobierno. Pero no hay que temer un peligro de esta índole. Los ciudadanos de América tienen demasiado discernimiento para dejarse convencer de la anarquía mediante argumentos. Y mucho me equivoco si la experiencia no ha forjado en la mente pública una convicción profunda y solemne de que una mayor energía en el gobierno es esencial para el bienestar y la prosperidad de la comunidad.
No estará de más en este lugar consignar brevemente el origen y el progreso de la idea que propugna la exclusión de los establecimientos militares en tiempo de paz.
Aunque en las mentes especulativas puede surgir de la contemplación de la naturaleza y la tendencia de tales instituciones, fortificadas por los acontecimientos ocurridos en otras épocas y países, sin embargo, como sentimiento nacional, debe atribuirse a esos hábitos de pensamiento que derivamos de la nación de la cual los habitantes de estos Estados han descendido en general.
En Inglaterra, durante mucho tiempo después de la conquista normanda, la autoridad del monarca fue casi ilimitada. Se hicieron incursiones graduales en la prerrogativa, en favor de la libertad, primero por los barones, y después por el pueblo, hasta que la mayor parte de sus pretensiones más formidables se extinguió.
Pero no fue sino hasta la revolución de 1688, que elevó al príncipe de Orange al trono de la Gran Bretaña, cuando la libertad inglesa triunfó por completo.
Como incidente del indefinido poder de hacer la guerra, prerrogativa reconocida de la corona, Carlos II había mantenido en pie por su propia autoridad, en tiempo de paz, un cuerpo de 5000 tropas regulares. Y este número lo aumentó Jacobo II a 30 000, los cuales eran pagados con su lista civil.
En la revolución, para abolir el ejercicio de una autoridad tan peligrosa, se estableció como artículo de la Declaración de Derechos entonces redactada que «el reclutamiento o mantenimiento de un ejército permanente dentro del reino en tiempo de paz, A MENOS QUE SEA CON EL CONSENTIMIENTO DEL PARLAMENTO, es contrario a la ley».
En aquel reino, cuando el pulso de la libertad latía con mayor fuerza, no se consideró necesaria ninguna garantía contra el peligro de los ejércitos permanentes, más allá de la prohibición de que fueran reclutados o mantenidos por la mera autoridad del magistrado ejecutivo. Los patriotas que llevaron a cabo aquella memorable revolución eran demasiado moderados, estaban demasiado bien informados como para pensar en imponer restricción alguna a la discrecionalidad legislativa. Eran conscientes de que cierto número de tropas para guardias y guarniciones era indispensable; de que no se podían fijar límites precisos a las necesidades nacionales; de que un poder equivalente a cualquier contingencia posible debía residir en alguna parte del gobierno; y de que, al subordinar el ejercicio de ese poder al criterio de la legislatura, habían alcanzado el límite extremo de precaución compatible con la seguridad de la comunidad.
De la misma fuente puede decirse que el pueblo de América ha derivado una impresión hereditaria de peligro para la libertad proveniente de los ejércitos permanentes en tiempo de paz.
Las circunstancias de una revolución avivaron la sensibilidad pública en todo lo relacionado con la seguridad de los derechos populares, y en algunos casos elevaron el fervor de nuestro celo más allá del grado compatible con la debida temperatura del cuerpo político. Los intentos de dos de los Estados por restringir la autoridad de la legislatura en el artículo de los establecimientos militares se cuentan entre estos casos.
Los principios que nos habían enseñado a recelar del poder de un monarca hereditario se extendieron, por un exceso imprudente, a los representantes del pueblo en sus asambleas populares. Aun en algunos de los Estados, donde no se adoptó este error, encontramos declaraciones innecesarias de que no deben mantenerse ejércitos permanentes, en tiempo de paz, SIN EL CONSENTIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO.
Los llamo innecesarios, porque el motivo que había introducido una disposición similar en la Declaración de Derechos (Bill of Rights) inglesa no es aplicable a ninguna de las constituciones estatales. La facultad de reclutar ejércitos en absoluto, bajo dichas constituciones, no puede considerarse por ninguna interpretación que reside en otro lugar que no sean las legislaturas mismas; y era superfluo, si no absurdo, declarar que un asunto no debía hacerse sin el consentimiento de un órgano que era el único que tenía el poder de hacerlo.
Por consiguiente, en algunas de estas constituciones, y entre otras, en la de este Estado de Nueva York, que ha sido justamente celebrada, tanto en Europa como en América, como una de las mejores formas de gobierno establecidas en este país, hay un total silencio sobre el asunto.
Es notable que, aun en los dos Estados que parecen haber meditado la prohibición de los establecimientos militares en tiempo de paz, el modo de expresión empleado sea más bien cautelar que prohibitivo. No se dice que los ejércitos permanentes NO DEBERÁN mantenerse, sino que NO DEBERÍAN mantenerse en tiempo de paz. Esta ambigüedad en los términos parece haber sido el resultado de un conflicto entre los celos y el convencimiento; entre el deseo de excluir tales establecimientos a toda costa y el convencimiento de que una exclusión absoluta sería imprudente e insegura.
¿Puede dudarse de que semejante disposición, siempre que la situación de los asuntos públicos exigiera apartarse de ella, sería interpretada por la legislatura como una mera admonición, y que se subordinaría a las necesidades o supuestas necesidades del Estado? Que lo decida el hecho ya mencionado respecto a Pensilvania. ¿Cuál es entonces (podría preguntarse) la utilidad de tal disposición, si deja de operar en el momento en que hay una inclinación a ignorarla?
Examinemos si hay alguna comparación, en cuanto a su eficacia, entre la disposición aludida y la que contiene la nueva Constitución, para limitar las asignaciones de dinero con fines militares al período de dos años. La primera, al pretender abarcar demasiado, está calculada para no lograr nada; la segunda, al evitar un extremo imprudente y ser perfectamente compatible con una previsión adecuada para las exigencias de la nación, tendrá un efecto salutífero y poderoso.
La legislatura de los Estados Unidos se verá OBLIGADA, por esta disposición, al menos una vez cada dos años, a deliberar sobre la conveniencia de mantener una fuerza militar en pie; a tomar una nueva resolución sobre el asunto; y a declarar su parecer al respecto, mediante una votación formal ante sus electores.
No ESTÁ EN SUS MANOS otorgar al departamento ejecutivo fondos permanentes para el sostenimiento de un ejército, aun si hubieran sido lo suficientemente imprudentes como para estar dispuestos a depositar en él una confianza tan inadecuada.
Como es de esperar que el espíritu de partido, en diversos grados, contamine a todos los cuerpos políticos, no cabe duda de que habrá personas en la legislatura nacional bastante dispuestas a censurar las medidas e incriminar las intenciones de la mayoría. La provisión para el mantenimiento de una fuerza militar será siempre un tema propicio para la declamación.
Tan a menudo como se presente la cuestión, la atención pública será despertada y atraída hacia el tema por el partido de la oposición; y si la mayoría estuviera realmente dispuesta a exceder los límites apropiados, la comunidad será advertida del peligro y tendrá la oportunidad de tomar medidas para guardarse de él.
Independientemente de los partidos en la propia legislatura nacional, tan a menudo como llegara el período de discusión, las legislaturas estatales, que siempre serán no sólo vigilantes sino también guardianes suspicaces y celosos de los derechos de los ciudadanos frente a las usurpaciones del gobierno federal, mantendrán constantemente su atención alerta sobre la conducta de los gobernantes nacionales, y estarán bastante dispuestas, si algo inadecuado aparece, a dar la alarma al pueblo, y a ser no sólo la VOZ, sino, si es necesario, el BRAZO de su descontento.
Los planes para subvertir las libertades de una gran comunidad REQUIEREN TIEMPO para madurar antes de su ejecución.
Un ejército, lo suficientemente grande como para amenazar gravemente esas libertades, solo podría formarse mediante aumentos progresivos; lo que supondría, no meramente una combinación temporal entre el poder legislativo y el ejecutivo, sino una conspiración continua durante una serie de tiempo.
- ¿Es probable que semejante combinación llegue a existir?
- ¿Es probable que se mantenga y se transmita a través de todas las variaciones sucesivas en un cuerpo representativo, que las elecciones bienales producirían naturalmente en ambas cámaras?
- ¿Es presumible que cada hombre, en el instante mismo de ocupar su escaño en el Senado o en la Cámara de Representantes nacional, comience a traicionar a sus electores y a su país?
- ¿Puede suponerse que no se hallaría un solo hombre con la perspicacia suficiente para detectar una conspiración tan atroz, o con la valentía y la honradez necesarias para advertir a sus electores sobre el peligro que corren?
Si tales presunciones pueden hacerse razonablemente, debería ponerse fin de inmediato a toda autoridad delegada. El pueblo debería decidir recuperar todos los poderes de los que hasta ahora se ha desprendido y dividirse en tantos Estados como condados existan, con el fin de poder gestionar sus propios asuntos en persona.
Si tales suposiciones pudieran siquiera formularse razonablemente, aun así la ocultación del proyecto, por cualquier período, sería impracticable. Sería anunciado por el mero hecho de aumentar el ejército en tan gran medida en tiempo de paz profunda. ¿Qué razón plausible podría aducirse, en un país situado de tal modo, para tan vastos aumentos de la fuerza militar? Es imposible que el pueblo pudiera ser engañado por mucho tiempo; y la destrucción del proyecto, y de los proyectistas, seguiría rápidamente al descubrimiento.
Se ha dicho que la disposición que limita la asignación de dinero para el mantenimiento de un ejército al período de dos años sería inútil, porque el Ejecutivo, una vez en posesión de una fuerza lo suficientemente grande como para intimidar al pueblo y someterlo, encontraría en esa misma fuerza recursos suficientes que le permitirían prescindir de los fondos provenientes de los actos del poder legislativo.
Pero la pregunta vuelve a plantearse: ¿bajo qué pretexto se le podría poner en posesión de una fuerza de esa magnitud en tiempo de paz?
- Si suponemos que ha sido creado a consecuencia de alguna insurrección doméstica o guerra extranjera, entonces se convierte en un caso que no entra dentro de los principios de la objeción; pues esta se dirige contra el poder de mantener tropas en tiempo de paz.
- Pocas personas serán tan ilusorias como para sostener seriamente que no se deben reclutar fuerzas militares para sofocar una rebelión o resistir una invasión; y si la defensa de la comunidad bajo tales circunstancias hiciera necesario tener un ejército tan numeroso como para poner en peligro su libertad, esta es una de esas calamidades para las que no hay prevención ni cura.
No puede prevenirse por ninguna forma posible de gobierno; incluso podría resultar de una simple liga ofensiva y defensiva, si alguna vez fuera necesario que los confederados o aliados formen un ejército para la defensa común.
Pero es un mal infinitamente menos probable de afectarnos en un estado unido que en uno desunido; es más, puede afirmarse con seguridad que es un mal del todo improbable en esta última situación. No es fácil concebir la posibilidad de que peligros tan formales asalten a toda la Unión, como para exigir una fuerza lo suficientemente considerable como para poner en la más mínima amenaza nuestras libertades, especialmente si tomamos en cuenta la ayuda que ha de derivarse de la milicia, con la cual siempre debe contarse como un auxiliar valioso y poderoso. Pero en un estado de desunión (como se ha demostrado plenamente en otro lugar), lo contrario de esta suposición llegaría a ser no solo probable, sino casi inevitable.
PUBLIUS Anclaje H2