Para el Independent Journal. Sábado, 2 de febrero de 1788.
MADISON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
EL autor de las «Notas sobre el Estado de Virginia», citado en el artículo anterior, ha añadido a esa valiosa obra el proyecto de una constitución que había sido preparado para ser presentado ante una convención que la legislatura esperaba convocar en 1783, con el fin de establecer una constitución para dicho Estado.
El plan, como todo lo salido de la misma pluma, marca un giro de pensamiento original, abarcador y preciso; y es tanto más digno de atención cuanto que muestra por igual un ferviente apego al gobierno republicano y una visión esclarecida de las peligrosas tendencias contra las cuales debe ser resguardado.
Una de las precauciones que propone, y en la que al final parece confiar como un paladium para los departamentos más débiles del poder frente a las invasiones de los más fuertes, es tal vez enteramente suya y, como se relaciona directamente con el tema de nuestra presente indagación, no debe pasarse por alto.
Su propuesta es, "que siempre que cualesquiera dos de las tres ramas del gobierno coincidan en opinión, cada una por el voto de dos tercios del total de sus miembros, en que una convención es necesaria para alterar la constitución, o CORREGIR LAS VIOLACIONES A LA MISMA, se convocará una convención con tal propósito."
Como el pueblo es la única fuente legítima de poder, y es de él de quien se deriva la carta constitucional bajo la cual las distintas ramas del gobierno detentan su poder, parece estrictamente consonante con la teoría republicana recurrir a esa misma autoridad original, no sólo siempre que sea necesario ampliar, disminuir o remodelar los poderes del gobierno, sino también siempre que cualquiera de los departamentos cometa usurpaciones sobre las autoridades consagradas por la carta de los otros.
Estando los diversos departamentos perfectamente coordinados por los términos de su comisión común, ninguno de ellos, es evidente, puede pretender un derecho exclusivo o superior para fijar los límites entre sus poderes respectivos; y ¿cómo han de prevenirse las usurpaciones de los más fuertes, o repararse los agravios de los más débiles, sin recurrir al pueblo mismo, el cual, como otorgante de las comisiones, es el único que puede declarar su verdadero significado y hacer cumplir su observancia?
Ciertamente hay gran fuerza en este razonamiento, y debe admitirse que prueba que se debe trazar y mantener abierto un camino constitucional hacia la decisión del pueblo para ciertas grandes y extraordinarias ocasiones.
Pero parece haber objeciones insuperables contra la proyectada apelación al pueblo, como disposición en todos los casos para mantener a los diversos departamentos del poder dentro de sus límites constitucionales.
En primer lugar, la disposición no alcanza el caso de una combinación de dos de los departamentos contra el tercero. Si la autoridad legislativa, que posee tantos medios de influir en los motivos de los demás departamentos, fuera capaz de atraer a su interés a cualquiera de los otros, o incluso a un tercio de sus miembros, el departamento restante no podría derivar ninguna ventaja de su disposición correctiva. No me detengo, sin embargo, en esta objeción, porque podría considerarse más bien en contra de la modificación del principio, que en contra del principio mismo.
En segundo lugar, puede considerarse como una objeción inherente al principio que, como todo apelativo al pueblo llevaría implícita alguna imperfección en el gobierno, las apelaciones frecuentes privarían en gran medida al gobierno de esa veneración que el tiempo otorga a todas las cosas, y sin la cual tal vez los gobiernos más sabios y libres no poseerían la estabilidad necesaria.
Si es verdad que todos los gobiernos se apoyan en la opinión, no lo es menos que la fuerza de la opinión en cada individuo, y su influencia práctica en su conducta, dependen en gran medida del número de personas que suponga que comparten esa misma opinión.
La razón del hombre, como el hombre mismo, es tímida y cautelosa cuando se queda sola, y adquiere firmeza y confianza en proporción al número con el que se asocia.
Cuando los ejemplos que afirman la opinión son ANTIGUOS además de NUMEROSOS, se sabe que producen un doble efecto.
En una nación de filósofos, esta consideración debería ser ignorada. El respeto por las leyes se inculcaría suficientemente mediante la voz de una razón ilustrada. Pero una nación de filósofos es tan poco esperable como la raza filosófica de reyes deseada por Platón. Y en cualquier otra nación, el gobierno más racional no considerará una ventaja superfluas tener los prejuicios de la comunidad de su lado.
El peligro de alterar la tranquilidad pública al interesar con demasiada fuerza las pasiones públicas, constituye una objeción aún más seria contra el recurso frecuente de someter las cuestiones constitucionales a la decisión de toda la sociedad. A pesar del éxito que ha acompañado a las revisiones de nuestras formas establecidas de gobierno, y que honra tanto a la virtud y a la inteligencia del pueblo de América, debe confesarse que tales experimentos son de naturaleza demasiado delicada como para multiplicarlos innecesariamente. Debemos recordar que todas las constituciones existentes se formaron en medio de un peligro que reprimió las pasiones más hostiles al orden y a la concordia; de una confianza entusiasta del pueblo en sus líderes patriotas, que sofocó la diversidad ordinaria de opiniones sobre las grandes cuestiones nacionales; de un ardor universal por formas nuevas y opuestas, producido por un resentimiento e indignación universales contra el antiguo gobierno; y mientras ningún espíritu de partido relacionado con los cambios por realizar, o con los abusos por reformar, podía mezclar su levadura en la operación. Las situaciones futuras en las que debemos esperar hallarnos ordinariamente no presentan ninguna garantía equivalente contra el peligro que se teme.
Pero la mayor objeción de todas es que las decisiones que probablemente resultarían de tales apelaciones no cumplirían el propósito de mantener el equilibrio constitucional del gobierno.
Hemos visto que la tendencia de los gobiernos republicanos es hacia un engrandecimiento del poder legislativo a expensas de los otros departamentos. Los apelativos al pueblo, por lo tanto, serían hechos usualmente por los departamentos ejecutivo y judicial. Pero ya sea que se hagan por un lado o por el otro, ¿disfrutaría cada bando de iguales ventajas en el juicio?
Analicemos sus diferentes situaciones.
- Los miembros de los departamentos ejecutivo y judicial son pocos en número y solo pueden ser conocidos personalmente por una pequeña parte del pueblo.
- Estos últimos, por el modo de su nombramiento, así como por la naturaleza y permanencia del mismo, están demasiado alejados del pueblo como participar mucho de sus prejuicios.
- Los primeros son generalmente objeto de recelo, y su administración siempre es propensa a ser desfigurada y vuelta impopular.
Los miembros del departamento legislativo, por otra parte, son numerosos. Están distribuidos y viven entre el pueblo en general. Sus vínculos de sangre, de amistad y de conocimiento abarcan a una gran proporción de la parte más influyente de la sociedad. La naturaleza de su mandato público implica una influencia personal entre el pueblo, y que son más directamente los guardianes confidentes de los derechos y libertades del pueblo.
Con estas ventajas, difícilmente puede suponerse que la parte contraria tendría igual oportunidad de obtener un resultado favorable.
Pero el partido legislativo no solo podría defender su causa con el mayor éxito ante el pueblo. Probablemente ellos mismos serían constituidos en jueces. La misma influencia que les hubiera ganado una elección para la legislatura, les conseguiría un asiento en la convención.
Si este no hubiese de ser el caso en todos, probablemente lo sería en muchos, y con bastante seguridad en aquellos personajes principales de los que todo depende en tales cuerpos. La convención, en suma, se compondría principalmente de hombres que habían sido, que en realidad eran o que esperaban ser miembros del departamento cuya conducta era censurada. Serían, por consiguiente, parte interesada en la misma cuestión que debían decidir.
Podría, sin embargo, suceder a veces que se interpusieran apelaciones en circunstancias menos adversas para los departamentos ejecutivo y judicial.
Las usurpaciones del poder legislativo podrían ser tan flagrantes y tan repentinas que no admitirían ningún colorido especioso. Un partido fuerte dentro de su propio seno podría ponerse de parte de las otras ramas. El poder ejecutivo podría estar en manos de un favorito singular del pueblo.
En tal estado de cosas, la decisión pública podría verse menos influida por las prevenciones a favor del partido legislativo. Pero aun así, nunca cabría esperar que girara en torno a los verdaderos méritos de la cuestión. Inevitablemente se vería vinculada al espíritu de los partidos preexistentes, o de los partidos surgidos de la cuestión misma.
Estaría vinculado con personas de carácter distinguido y amplia influencia en la comunidad. Sería pronunciado por los mismos hombres que habían sido agentes en, u oponentes a, las medidas con las que la decisión estaría relacionada.
Por consiguiente, las PASIONES, y no la RAZÓN, del público serían las que juzgarían.
Pero es la razón, únicamente, del público, la que debe controlar y regular el gobierno. Las pasiones deben ser controladas y reguladas por el gobierno.
Hallamos en el último ensayo que las meras declaraciones en la constitución escrita no bastan para contener a los diversos departamentos dentro de sus derechos legales. Aparece en este que los llamamientos ocasionales al pueblo no serían una disposición ni adecuada ni eficaz para tal fin.
Hasta qué punto las disposiciones de naturaleza diversa contenidas en el plan antes citado podrían ser adecuadas, no lo examine. Algunas de ellas se fundan indiscutiblemente en sanos principios políticos, y todas están redactadas con una ingeniosidad y una precisión singulares.
PUBLIUS Anclaje H2