pacto; y de ahí, también, una inmensa multiplicación de dificultades y contingencias para obtener el asentimiento colectivo a un acto final. El grado de dicha multiplicación debe ser evidentemente proporcional al número de pormenores y al número de partes.
Pero cada enmienda a la Constitución, una vez establecida, sería una sola proposición y podría presentarse individualmente. No habría entonces necesidad de gestión ni de compromiso con respecto a ningún otro punto; ni concesiones ni contrapartidas. La voluntad del número requerido llevaría de inmediato el asunto a una resolución decisiva. Y en consecuencia, siempre que nueve, o más bien diez Estados, estuvieran unidos en el deseo de una enmienda particular, esa enmienda tendría lugar infaliblemente. No puede haber, por lo tanto, comparación alguna entre la facilidad de efectuar una enmienda y la de establecer en un principio una Constitución completa.
Como oposición a la probabilidad de enmiendas sucesivas, se ha argüido que las personas delegadas en la administración del gobierno nacional siempre serán reacias a ceder cualquier porción de la autoridad de la que una vez se hallaron en posesión.
Por mi parte, reconozco estar plenamente convencido de que cualquier enmienda que, tras una meditada consideración, se considere útil, será aplicable a la organización del gobierno, y no a la masa de sus poderes; y solo por esta razón, considero que la observación recién expuesta carece de peso.
También pienso que carece de peso por otra razón. La dificultad intrínseca de gobernar TRECE ESTADOS, de cualquier modo, al margen de los cálculos sobre un grado ordinario de espíritu público y honradez, impondrá, en mi opinión, constantemente a los gobernantes nacionales la necesidad de un espíritu de acomodación a las expectativas razonables de sus electores.