Supongamos, por ejemplo, que estuviéramos enzarzados en una guerra, junto con una nación extranjera, contra otra. Supongamos que la necesidad de nuestra situación exigiera la paz, y que el interés o la ambición de nuestro aliado lo llevaran a buscar la prosecución de la guerra, con miras que pudieran justificarnos en la concertación de términos por separado.
En tal estado de cosas, este aliado nuestro encontraría evidentemente mucho más fácil, mediante sus sobornos e intrigas, atarle las manos al gobierno para impedir que hiciera la paz, donde dos terceras partes de todos los votos eran necesarias para ese objetivo, que donde una mayoría simple bastaría. En el primer caso, tendría que corromper a un número menor; en el último, a un número mayor.
Sobre el mismo principio, sería mucho más fácil para una potencia extranjera con la que estuviéramos en guerra desconcertar nuestros concilios y obstaculizar nuestros esfuerzos. Y, desde un punto de vista comercial, podríamos estar expuestos a inconvenientes similares. Una nación con la que pudiéramos tener un tratado de comercio tendría mucha más facilidad para impedir que estableciéramos una conexión con su rival en el comercio, aunque dicha conexión nos resultara sumamente beneficiosa.
Males de esta índole no deben ser considerados imaginarios. Uno de los flancos débiles de las repúblicas, entre sus numerosas ventajas, es que ofrecen una vía de entrada demasiado fácil a la corrupción extranjera.
Un monarca hereditario, aunque a menudo inclinado a sacrificar a sus súbditos a su ambición, tiene un interés personal tan grande en el gobierno y en la gloria exterior de la nación, que no le es fácil a una potencia extranjera ofrecerle un equivalente por lo que sacrificaría mediante la traición al Estado.