Las diferentes perspectivas adoptadas sobre el asunto en los dos documentos precedentes deben ser suficientes para convencer a todos los hombres imparciales y perspicaces de que, si la libertad pública llegara a ser víctima de la ambición de los gobernantes nacionales, el poder que ahora se examina, al menos, estará libre de culpa en dicho sacrificio.
Si aquellos que se inclinan a consultar únicamente sus recelos, los ejercitaran en un examen minucioso de las distintas constituciones estatales, hallarían poco menos motivos de inquietud y alarma por la latitud que la mayoría de ellas permite con respecto a las elecciones, que por la latitud que se propone permitir al gobierno nacional en el mismo sentido.
Un examen de su situación, en este punto particular, tendería en gran medida a disipar cualquier mala impresión que pueda subsistir con respecto a este asunto. Pero como esa perspectiva conduciría a detalles largos y tediosos, me contentaré con el único ejemplo del Estado en el que escribo.
La constitución de Nueva York no hace otra provisión para la LOCALIDAD de las elecciones que la de que los miembros de la Asamblea sean elegidos en los CONDADOS; y los del Senado, en los grandes distritos en los que el Estado está o pueda estar dividido: estos son actualmente cuatro en número, y comprenden cada uno de dos a seis condados. Se puede percibir fácilmente que no le sería más difícil a la legislatura de Nueva York anular los sufragios de los ciudadanos de Nueva York, confinando las elecciones a lugares particulares, de lo que le sería a la legislatura de los Estados Unidos anular los sufragios de los ciudadanos de la Unión mediante un expediente semejante.
Supongamos, por ejemplo, que la ciudad de Albany fuera designada como el único lugar de votación para el condado y el distrito de los que forma parte, ¿no se convertirían rápidamente los habitantes de esa ciudad