inspección desapasionada, que responde a esta descripción, debe ser rechazado.
Un gobierno cuya constitución lo hace no apto para que se le confíen todos los poderes que un pueblo libre debe delegar en cualquier gobierno, sería un depositario inseguro e inadecuado de los INTERESES NACIONALES. Dondequiera que estos puedan confiarse con propiedad, los poderes coincidentes pueden acompañarlos con seguridad. Este es el verdadero resultado de todo razonamiento justo sobre el tema.
Y los adversarios del plan promulgado por la convención debieron haberse limitado a demostrar que la estructura interna del gobierno propuesto era tal que lo hacía indigno de la confianza del pueblo. No debieron haberse extraviado en declamaciones inflamatorias y objeciones sin sentido sobre la extensión de los poderes.
Los PODERES no son demasiado extensos para los OBJETIVOS de la administración federal, o, en otras palabras, para la gestión de nuestros INTERESES NACIONALES; ni puede formularse argumento satisfactorio alguno que demuestre que se les pueda achacar tal exceso.
Si es verdad, como han insinuado algunos de los escritores del otro bando, que la dificultad surge de la naturaleza misma del asunto, y que la extensión del país no nos permitirá formar un gobierno en el que tales poderes amplios puedan depositarse con seguridad, ello probaría que deberíamos reducir nuestras miras y recurrir al expediente de confederaciones separadas, que se moverán dentro de esferas más factibles.
Porque la absurdidad debe estar continuamente ante nuestros ojos de confiar a un gobierno la dirección de los intereses nacionales más esenciales, sin atreverse a confiarle las autoridades que son indispensables para su gestión adecuada y eficiente. No intentemos conciliar contradicciones, sino adoptemos firmemente una alternativa racional.