Se ha observado con verdad en varias ocasiones que las declaraciones de derechos son, en su origen, estipulaciones entre los reyes y sus súbditos, abreviaciones de la prerrogativa en favor de los privilegios, reservas de derechos no entregados al príncipe.
Tal fue la MAGNA CARTA, arrancada por los barones, espada en mano, al rey Juan. Tales fueron las subsiguientes confirmaciones de dicha carta por parte de los príncipes sucesivos. Tal fue la Petición de Derechos sancionada por Carlos I al comienzo de su reinado. Tal fue también la Declaración de Derechos presentada por los Lores y los Comunes al Príncipe de Orange en 1688, y convertida más tarde en forma de ley del parlamento llamada la Declaración de Derechos (Bill of Rights).
Es evidente, por lo tanto, que, según su significación primitiva, no tienen aplicación a las constituciones fundadas expresamente en el poder del pueblo y ejecutadas por sus representantes y servidores inmediatos. Aquí, en rigor, el pueblo no cede nada; y como lo retiene todo, no tiene necesidad de reservas particulares.
"NOSOTROS, EL PUEBLO de los Estados Unidos, para asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América."
Aquí hay un reconocimiento mejor de los derechos populares que volúmenes de aquellos aforismos que figuran de manera principal en varias de nuestras declaraciones de derechos estatales, y que sonarían mucho mejor en un tratado de ética que en una constitución de gobierno.
Pero un detalle minuciosamente pormenorizado de derechos particulares es, sin duda, mucho menos aplicable a una Constitución como la que se está considerando, la cual está destinada meramente a regular los intereses políticos generales de la nación, que a una constitución que tiene bajo su regulación toda clase de asuntos personales y privados.