En un país compuesto principalmente por cultivadores de la tierra, donde rigen las normas de una representación igualitaria, el interés terrateniente debe, en conjunto, preponderar en el gobierno.
Mientras este interés prevalezca en la mayoría de las legislaturas estatales, mantendrá una superioridad correspondiente en el Senado nacional, el cual será por lo general una copia fiel de las mayorías de aquellas asambleas. No puede presumirse, por tanto, que el sacrificio de la clase terrateniente en favor de la mercantil llegue a ser jamás el objetivo predilecto de esta rama del poder legislativo federal.
Al aplicar así particularmente al Senado una observación general sugerida por la situación del país, me rige la consideración de que los devotos crédulos del poder estatal no pueden, según sus propios principios, sospechar que las legislaturas estatales se desvíen de su deber por ninguna influencia externa.
Pero en realidad la misma situación debe producir el mismo efecto, en la composición primitiva al menos de la Cámara de Representantes federal: una inclinación indebida hacia la clase mercantil debe esperarse tan poco de este sector como del otro.
Para dar color, tal vez, a la objeción en todo caso, puede preguntarse: ¿no existe el peligro de una tendencia opuesta en el gobierno nacional, que lo incline a procurar asegurarse un monopolio de la administración federal para la clase terrateniente? Como hay pocas probabilidades de que la suposición de tal tendencia inspire terror a aquellos que resultarían directamente perjudicados por ella, se prescindirá de una respuesta laboriosa a esta cuestión. Bastará con señalar, primero, que por las razones expuestas en otra parte, es menos probable que prevalezca una parcialidad decidida en los consejos de la Unión que en los de cualquiera de sus miembros. Segundo, que no habría tentación de violar la Constitución en favor de la clase terrateniente, porque esa clase