¿Quién es probable que haga las provisiones adecuadas para la defensa pública, sino ese organismo al cual está confiada la guarda de la seguridad pública; el cual, como centro de información, comprenderá mejor la extensión y la urgencia de los peligros que amenazan; como representante del TODO, se sentirá profundamente interesado en la preservación de cada parte; el cual, por la responsabilidad implícita en el deber que se le asigna, estará más vivamente impresionado por la necesidad de los esfuerzos adecuados; y el cual, mediante la extensión de su autoridad en todos los Estados, es el único que puede establecer la uniformidad y la concordancia en los planes y medidas mediante los cuales ha de asegurarse la seguridad común?
¿No hay una manifiesta incoherencia en transferir al gobierno federal el cuidado de la defensa general, y dejar en los gobiernos estatales los poderes EFECTIVOS mediante los cuales ha de proveerse?
¿No es la falta de cooperación la consecuencia infalible de semejante sistema? ¿Y no serán la debilidad, el desorden, una distribución indebida de las cargas y calamidades de la guerra, un aumento innecesario e intolerable de los gastos, sus acompañantes naturales e inevitables?
¿No hemos tenido acaso una experiencia inequívoca de sus efectos en el curso de la revolución que acabamos de llevar a cabo?
Cualquiera que sea el punto de vista desde el que examinemos el asunto, en calidad de investigadores sinceros de la verdad, nos servirá para convencernos de que es tanto imprudente como peligroso negarle al gobierno federal una autoridad ilimitada en lo que respecta a todos aquellos objetos que están confiados a su gestión.
Merecerá en verdad la más vigilante y cuidadosa atención del pueblo, ver que sea modelado de tal manera que permita que se le confieran con seguridad los poderes requeridos. Si algún plan que haya sido, o pueda ser, ofrecido a nuestra consideración, no se encontrare, tras una