ello ofrecería una tentación demasiado fuerte y una facilidad excesiva para emprender acciones contra la autoridad constitucional de la Unión y acabar por subvertirla.
Por otra parte, la libertad del pueblo sería menos segura en este estado de cosas que en aquel que dejaba las fuerzas nacionales en manos del gobierno nacional. Por cuanto un ejército puede considerarse como un arma peligrosa de poder, es preferible que esté en aquellas manos de las que es más probable que el pueblo desconfíe que en aquellas de las que es menos probable que lo haga.
Porque es una verdad, que la experiencia de los siglos ha atestiguado, que el pueblo se halla siempre en mayor peligro cuando los medios para lesionar sus derechos están en poder de aquellos de quienes abriga la menor sospecha.
Los redactores de la Confederación actual, plenamente conscientes del peligro que para la Unión representaba la posesión separada de fuerzas militares por parte de los Estados, les han prohibido expresamente tener barcos o tropas, a menos que sea con el consentimiento del Congreso.
La verdad es que la existencia de un gobierno federal y de establecimientos militares bajo la autoridad de los Estados no se contradice menos entre sí que el debido suministro a la tesorería federal y el sistema de cuotas y requisiciones.
Hay otras luces además de las ya mencionadas, bajo las cuales la incorrección de las restricciones a la discreción de la legislatura nacional será igualmente manifiesta.
El diseño de la objeción, que ha sido mencionado, es impedir los ejércitos permanentes en tiempo de paz, aunque nunca se nos ha informado hasta dónde se pretende que llegue la prohibición; si hasta la leva de ejércitos, así como a MANTENERLOS en una estación de tranquilidad, o no.