Como la teoría y la práctica conspiran para demostrar que el poder de obtener ingresos es inútil cuando se ejerce sobre los Estados en sus capacidades colectivas, el gobierno federal debe necesariamente ser investido con un poder incondicional de imposición de contribuciones en las modalidades ordinarias.
Si la experiencia no demostrase lo contrario, sería natural concluir que la conveniencia de una facultad general de contribución en el gobierno nacional podría descansar con seguridad en la evidencia de estas proposiciones, sin la ayuda de argumentos o ilustraciones adicionales. Pero hallamos, en verdad, que los antagonistas de la Constitución propuesta, lejos de aceptar su justicia o veracidad, parecen dirigir su esfuerzo principal y más entusiasta en contra de esta parte del plan. Puede resultar conveniente, por tanto, analizar los argumentos con los que la combaten.
Aquellas de ellas en las que más se ha trabajado con ese propósito, parecen consistir esencialmente en lo siguiente:
"No es cierto que, debido a que las exigencias de la Unión pueden no ser susceptibles de limitación, su facultad de imponer contribuciones deba ser ilimitada. Los ingresos son tan necesarios para los propósitos de las administraciones locales como para los de la Unión; y aquellas son al menos de igual importancia que esta para la felicidad del pueblo. Es, por lo tanto, tan necesario que los gobiernos estatales puedan disponer de los medios para suplir sus necesidades, como que el gobierno nacional posea una facultad semejante respecto a las necesidades de la Unión. Pero un poder indefinido de imposición en el ÚLTIMO podría, y probablemente con el tiempo lo haría, privar al PRIMERO de los medios para proveer a sus propias necesidades; y los sometería por completo a