«Privar a un hombre de la vida —dice—, o confiscar por la violencia sus bienes, sin acusación ni juicio, constituiría un acto de despotismo tan flagrante y notorio que infundiría de inmediato la alarma de la tiranía en toda la nación; pero el confinamiento de la persona, conduciéndola secretamente a prisión, donde sus sufrimientos son desconocidos u olvidados, es un instrumento del gobierno arbitrario menos público, menos llamativo y, por tanto, mucho más peligroso».
Y como remedio para este mal fatal, es en todas partes singularmente enfático en sus elogios al habeas corpus, al que en un lugar califica de «el BALUARTE de la constitución británica».(2)
Nada es necesario decir para ilustrar la importancia de la prohibición de los títulos de nobleza. Esta puede denominarse verdaderamente la piedra angular del gobierno republicano; pues mientras sean excluidos, nunca podrá haber un peligro serio de que el gobierno sea otro que el del pueblo.
A lo segundo, es decir, al pretendido establecimiento de la ley común y estatal por la Constitución, respondo que están expresamente supeditadas «a las alteraciones y disposiciones que la legislatura haga al respecto de tiempo en tiempo».
Por lo tanto, están sujetas en cualquier momento a derogación por parte del poder legislativo ordinario y, por supuesto, no tienen sanción constitucional.
El único propósito de la declaración fue reconocer la ley antigua y disipar las dudas que la Revolución pudiera haber ocasionado. Esto, en consecuencia, no puede considerarse como parte de una declaración de derechos, que bajo nuestras constituciones debe concebirse como una limitación del poder del propio gobierno.