determinar cuándo se podría emplear la fuerza con propiedad. En el asunto de la contribución pecuniaria, que sería la fuente más habitual de incumplimiento, a menudo sería imposible decidir si este había provenido de desgana o de incapacidad. El pretexto de esta última estaría siempre a mano. Y el caso tendría que ser muy flagrante para que su falacia pudiera detectarse con la certeza suficiente como para justificar el duro recurso de la coacción.
Es fácil ver que este solo problema, con la frecuencia con que habría de presentarse, abriría un amplio campo para el ejercicio de miras facciosas, de parcialidad y de opresión por parte de la mayoría que llegara a prevalecer en el consejo nacional.
Parece no requerir esfuerzo demostrar que los Estados no deberían preferir una Constitución nacional que solo pudiera mantenerse en funcionamiento mediante el uso de un gran ejército permanentemente en pie para ejecutar las requisiciones o los decretos ordinarios del gobierno.
Y sin embargo, esta es la clara alternativa que entrañan quienes desean negarle la facultad de extender sus operaciones a los individuos. Tal plan, de ser practicable en modo alguno, degeneraría al instante en un despotismo militar; pero se verá que en todos los aspectos es impracticable.
Los recursos de la Unión no bastarían para el mantenimiento de un ejército lo bastante considerable como para mantener a los Estados más grandes dentro de los límites de su deber; ni se dispondría jamás de los medios necesarios para formar semejante ejército en un principio.
Quien considere la población y la fuerza de varios de estos Estados individualmente en la coyuntura actual, y mire hacia lo que llegarán a ser, aun a la distancia de medio siglo, desechará de inmediato por ocioso y visionario cualquier plan que tenga por objeto regular sus movimientos