Si se limita a esto último, carecerá de una significación precisa y será ineficaz para el propósito perseguido. Una vez que se han reclutado ejércitos, ¿qué deberá denominarse «mantenerlos», en contra del sentido de la Constitución? ¿Qué tiempo será necesario para comprobar la violación? ¿Será una semana, un mes, un año? ¿O diremos que pueden mantenerse tanto tiempo como persista el peligro que motivó su reclutamiento?
Esto equivaldría a admitir que podrían mantenerse EN TIEMPO DE PAZ, frente a un peligro amenazante e inminente, lo cual significaría apartarse de inmediato del sentido literal de la prohibición e introducir una amplia latitud de interpretación.
¿Quién ha de juzgar acerca de la persistencia del peligro? Esto debe someterse sin duda al gobierno nacional, y el asunto se reduciría entonces a este punto: que el gobierno nacional, para precaverse contra un peligro temido, podría en primera instancia reclutar tropas, y podría después mantenerlas en pie durante todo el tiempo en que supusiera que la paz o la seguridad de la comunidad se hallaban en algún grado amenazadas. Es fácil advertir que una discrecionalidad tan latitudinaria ofrecería un amplio margen para eludir la fuerza de la disposición.
La supuesta utilidad de una disposición de esta clase solo puede fundarse en la supuesta probabilidad, o al menos posibilidad, de una combinación entre el ejecutivo y el legislativo, en algún plan de usurpación.
Si esto llegara a suceder en algún momento, ¡qué fácil sería fabricar pretextos de un peligro inminente!
- Las hostilidades indígenas, instigadas por España o Gran Bretaña, estarían siempre a la orden del día.
- Incluso podrían darse provocaciones a alguna potencia extranjera para producir las apariencias deseadas, y aplacarlas de nuevo mediante concesiones oportunas.