fortuna? ¿No habría sobradas razones para temer que el error en la primera sentencia fuera el padre del error en la segunda sentencia? ¿Que la fuerte inclinación de una decisión fuera propicia para anular la influencia de cualquier nueva luz que pudiera aportarse para modificar el cariz de otra decisión?
Los que sepan algo de la naturaleza humana no dudarán en responder a estas preguntas afirmativamente, y comprenderán sin dificultad que, al convertir a las mismas personas en jueces en ambos casos, quienes pudieran ser objeto de persecución se verían privados en gran medida de la doble garantía que se les quiso otorgar mediante un doble juicio. La pérdida de la vida y de los bienes quedaría a menudo virtualmente comprendida en una sentencia que, en sus términos, no implicaría más que la destitución de un cargo actual y la inhabilitación para desempeñar otro en el futuro.
Puede decirse que la intervención de un jurado, en segunda instancia, obviaría el peligro. Pero los jurados están frecuentemente influidos por las opiniones de los jueces. A veces se les induce a emitir veredictos especiales, que remiten la cuestión principal a la decisión del tribunal. ¿Quién estaría dispuesto a jugarse la vida y la hacienda a merced del veredicto de un jurado que actúa bajo los auspicios de jueces que han predeterminado su culpabilidad?
¿Habría sido una mejora del plan haber unido a la Corte Suprema con el Senado en la formación del tribunal de destitución? Esta unión ciertamente habría estado acompañada de varias ventajas; pero ¿no habrían quedado estas contrarrestadas por la desventaja señalada, ya mencionada, que surge de la intervención de los mismos jueces en la doble acusación a la que estaría expuesto el infractor?
Hasta cierto punto, las ventajas de esa unión se obtendrán al hacer del juez presidente de la Corte Suprema el presidente del tribunal de