Si la nueva Constitución se examina con exactitud y candor, se encontrará que el cambio que propone consiste mucho menos en la adición de NUEVOS PODERES a la Unión, que en la revitalización de sus PODERES ORIGINALES.
La regulación del comercio, es cierto, es una nueva atribución; pero parece ser una incorporación a la que pocos se oponen y de la cual no se abrigan temores. Las facultades relativas a la guerra y la paz, los ejércitos y las flotas, los tratados y las finanzas, junto con las demás atribuciones de mayor importancia, están todas conferidas al Congreso actual por los Artículos de la Confederación. El cambio propuesto no amplía estas facultades; tan solo sustituye un modo más eficaz de administrarlas.
El cambio relativo a la contribución puede considerarse el más importante; y, sin embargo, el Congreso actual tiene una autoridad tan completa para EXIGIR a los Estados suministros indefinidos de dinero para la defensa común y el bienestar general, como la que tendrá el futuro Congreso para exigírselos a los ciudadanos particulares; y estos últimos no estarán más obligados que los propios Estados a pagar las cuotas que respectivamente se les impongan.
Si los Estados hubiesen cumplido puntualmente con los Artículos de la Confederación, o si su cumplimiento hubiera podido imponerse por medios tan pacíficos como los que se pueden emplear con éxito hacia los particulares, nuestra experiencia pasada dista mucho de apoyar la opinión de que los gobiernos estatales habrían perdido sus poderes constitucionales y habrían sufrido gradualmente una consolidación total.
Sostener que semejante acontecimiento se habría seguido, equivaldría a afirmar al mismo tiempo que la existencia de los gobiernos estatales es incompatible con cualquier sistema concebible que cumpla los propósitos esenciales de la Unión.