hombres, sobre la confianza necesaria en los consejos públicos, sobre la industria y la moral del pueblo, y sobre el carácter del gobierno republicano, constituye una deuda enorme contra los Estados responsables de esta medida inconsiderada, que tardará mucho tiempo en ser satisfecha; o más bien una acumulación de culpa, que no puede ser expiada de otro modo que mediante un sacrificio voluntario en el altar de la justicia, del poder que ha sido el instrumento de la misma.
Además de estas consideraciones persuasivas, puede observarse que las mismas razones que demuestran la necesidad de negar a los Estados el poder de regular la moneda, prueban con igual fuerza que no deben tener la libertad de sustituir un medio papel en lugar de la moneda.
- Si cada Estado tuviera el derecho de regular el valor de su moneda, podría haber tantas monedas diferentes como Estados, y así se obstaculizaría el intercambio comercial entre ellos;
- podrían hacerse alteraciones retroactivas en su valor, y de este modo los ciudadanos de otros Estados resultarían perjudicados, avivándose animosidades entre los propios Estados.
- Los súbditos de potencias extranjeras podrían sufrir por la misma causa, y de ahí que la Unión fuera desacreditada y envuelta en conflictos por la indiscreción de un solo miembro.
Ninguno de estos perjuicios es menos inherente a la facultad de los Estados de emitir dinero de papel, que a la de acuñar oro o plata. La facultad de hacer que cualquier otra cosa que no sea oro y plata sea moneda de curso legal para el pago de deudas se le retira a los Estados, basándose en el mismo principio que la de emitir moneda de papel.
Las condenas de atainder, las leyes ex post facto y las leyes que menoscaban la obligación de los contratos son contrarias a los primeros principios del pacto social y a todo principio de sana legislación.
Los dos primeros están expresamente prohibidos por las declaraciones que anteceden a algunas de las constituciones estatales, y todos ellos lo