su jurisdicción de derecho consuetudinario.
Es evidente, por lo tanto, que la proposición de Massachusetts sobre este asunto no puede obrar como una regulación general, hasta que los diferentes Estados adopten algún plan uniforme con respecto a los límites de las jurisdicciones de derecho común y de equidad. Concebir un plan de esa índole es una tarea ardua en sí misma, y que requeriría mucho tiempo y reflexión para madurar. Sería sumamente difícil, si no imposible, sugerir cualquier regulación general que fuera aceptable para todos los Estados de la Unión, o que concordara perfectamente con las distintas instituciones estatales.
Puede preguntarse por qué no se pudo haber hecho una referencia a la constitución de este Estado, tomando esta, que yo admito que es buena, como modelo para los Estados Unidos.
Respondo que no es muy probable que los demás Estados tengan la misma opinión de nuestras instituciones que nosotros mismos. Es natural suponer que hasta ahora se sienten más apegados a las suyas, y que cada uno lucharía por la preferencia.