Como me halaga pensar que las observaciones hechas en un número anterior sobre esta parte del plan habrán bastado para presentarla, ante una mirada perspicaz, bajo una luz muy favorable, me contentaré aquí con ofrecer tan solo algunas observaciones suplementarias, principalmente con vistas a las objeciones que acaban de exponerse.
Por lo que respecta a la mezcla de poderes, me remito a las explicaciones dadas ya en otros lugares acerca del verdadero sentido de la regla en que se funda esa objeción; y daré por sentado, como una deducción de ellas, que la unión del Ejecutivo con el Senado en lo tocante a los tratados no constituye ninguna violación de dicha regla.
Me atrevo a añadir que la naturaleza particular del poder de celebrar tratados indica una conveniencia peculiar en dicha unión. Aunque varios escritores sobre el tema del gobierno sitúan ese poder en la clase de las autoridades ejecutivas, esto es evidentemente una disposición arbitraria; pues si atendemos cuidadosamente a su operación, se verá que participa más del carácter legislativo que del ejecutivo, aunque no parece encajar estrictamente en la definición de ninguno de ellos.
La esencia de la autoridad legislativa es promulgar leyes, o, en otras palabras, prescribir reglas para la regulación de la sociedad; mientras que la ejecución de las leyes, y el empleo de la fuerza común, ya sea para este propósito o para la defensa común, parecen comprender todas las funciones del magistrado ejecutivo.
El poder de celebrar tratados no es, evidentemente, ni lo uno ni lo otro. No se relaciona ni con la ejecución de las leyes existentes, ni con la promulgación de otras nuevas; y menos aún con el despliegue de la fuerza común. Sus objetos son CONTRATOS con naciones extranjeras, que tienen fuerza de ley, pero la derivan de las obligaciones de la buena fe. No son reglas prescritas por el soberano al súbdito, sino acuerdos entre soberano y soberano.