la merced de la legislatura nacional. Como las leyes de la Unión han de convertirse en la ley suprema del país, como ha de tener el poder de aprobar todas las leyes que sean NECESARIAS para llevar a la práctica las autoridades con las que se propone investirlo, el gobierno nacional podría en cualquier momento abolir los impuestos establecidos para fines estatales bajo el pretexto de una interferencia con los suyos propios. Podría alegar la necesidad de hacer esto con el fin de dar eficacia a las rentas nacionales. Y así, todos los recursos de imposición podrían convertirse gradualmente en objeto de monopolio federal, con la absoluta exclusión y destrucción de los gobiernos
Este modo de razonamiento parece a veces fundarse en la suposición de una usurpación por parte del gobierno nacional; en otras ocasiones parece concebido únicamente como una deducción de la operación constitucional de sus poderes previstos. Solo bajo esta última luz puede admitirse que tiene alguna pretensión de imparcialidad.
En el momento en que nos lanzamos a hacer conjeturas sobre las usurpaciones del gobierno federal, nos adentramos en un abismo insondable y nos ponemos fuera del alcance de todo razonamiento. La imaginación puede vagar a su antojo hasta desorientarse en los laberintos de un castillo encantado, sin saber hacia qué lado volverse para salir de las perplejidades en las que se ha aventurado con tanta imprudencia.
Cualesquiera que sean los límites o las modificaciones de los poderes de la Unión, es fácil imaginar una serie interminable de peligros posibles; y al entregarnos a un exceso de recelo y timidez, podemos llevarnos a un estado de absoluto escepticismo e indecisión. Repito aquí lo que he observado en esencia en otra parte, que todas las observaciones fundadas en el peligro de usurpación deben referirse a la composición y estructura del gobierno, no a la naturaleza o extensión de sus poderes.