plan; y, sin embargo, me engaño si no descansa sobre un fundamento erróneo.
La seguridad que la Constitución pretende esencialmente contra la corrupción y la traición en la formación de los tratados debe buscarse en el número y el carácter de quienes han de hacerlos. La ACCIÓN CONJUNTA del primer magistrado de la Unión y de las dos terceras partes de los miembros de un cuerpo seleccionado por la sabiduría colectiva de las legislaturas de los diversos Estados, está diseñada para ser la garantía de la fidelidad de los consejos nacionales en este particular.
La convención podría con propiedad haber meditado el castigo del Ejecutivo por una desviación de las instrucciones del Senado, o por una falta de integridad en la conducción de las negociaciones que le fueron encomendadas; también podría haber tenido en vista el castigo de unos cuantos individuos principales en el Senado que hubiesen prostituido su influencia en dicho cuerpo como instrumentos mercenarios de la corrupción extranjera: pero no habría podido contemplar, con mayor ni con igual propiedad, el juicio político y castigo de dos terceras partes del Senado por consentir en un tratado inadecuado, que el de una mayoría de esa o de la otra rama de la legislatura nacional por consentir en una ley perniciosa o inconstitucional; un principio que, según creo, jamás ha sido admitido en ningún gobierno.
¿Cómo, en efecto, podría una mayoría de la Cámara de Representantes acusarse a sí misma? No mejor, es evidente, de lo que dos tercios del Senado podrían juzgarse a sí mismos. Y, sin embargo, ¿qué razón hay para que una mayoría de la Cámara de Representantes, al sacrificar los intereses de la sociedad mediante un acto legislativo injusto y tiránico, quede impune, más que dos tercios del Senado, al sacrificar esos mismos intereses en un tratado perjudicial con una potencia extranjera?
La verdad es que en todos los casos de esta índole es esencial para la libertad y para la necesaria independencia de las deliberaciones del