A menos que supongamos al mismo tiempo que los poderes del gobierno general serán peor administrados que los del gobierno estatal, no parece haber lugar para suponer mala voluntad, desafección u oposición en el pueblo.
Creo que puede establecerse como una regla general que su confianza en un gobierno y su obediencia a este serán comúnmente proporcionales a la bondad o maldad de su administración.
Debe admitirse que hay excepciones a esta regla; pero estas excepciones dependen de manera tan entera de causas accidentales, que no pueden considerarse como si tuvieran relación alguna con los méritos o deméritos intrínsecos de una constitución. Estos solo pueden juzgarse mediante principios y máximas generales.
Varias razones se han sugerido, en el curso de estos escritos, para inducir la probabilidad de que el gobierno general sea mejor administrado que los gobiernos particulares; las principales de las cuales son que la extensión de las esferas de elección presentará una mayor opción, o latitud de elección, al pueblo; que por medio de las legislaturas estatales, que son cuerpos selectos de hombres, y que han de nombrar a los miembros del Senado nacional, hay razón para esperar que esta rama esté compuesta por lo general con peculiar cuidado y juicio; que estas circunstancias prometen mayor conocimiento y más extensa información en los concilios nacionales, y que serán menos aptas para ser mancilladas por el espíritu de facción, y más fuera del alcance de esos malos humores ocasionales, o prejuicios y propensiones temporales, que, en las sociedades más pequeñas, contaminan frecuentemente los concilios públicos, engendran injusticia y opresión de una parte de la comunidad, y producen planes que, aunque satisfacen una inclinación o deseo momentáneo, terminan en angustia general, insatisfacción y repulsión.