Por consiguiente, han llegado de hecho a alterar en varios casos, mediante actos legislativos, algunos de los artículos más fundamentales del gobierno. En particular, en varias ocasiones, han cambiado el periodo de elección; y, en la última ocasión, no solo introdujeron elecciones septenales en lugar de trienales, sino que, por el mismo acto, se prolongaron en el cargo cuatro años más allá del término para el cual fueron elegidos por el pueblo.
La atención a estas prácticas peligrosas ha producido una alarma muy natural en los defensores del gobierno libre, del cual la frecuencia de las elecciones es la piedra angular; y los ha llevado a buscar alguna garantía para la libertad, contra el peligro al que está expuesta. Donde no existía ni se podía obtener una Constitución superior al gobierno, no se debía intentar ninguna garantía constitucional similar a la establecida en los Estados Unidos.
Por consiguiente, había que buscar alguna otra seguridad; y ¿qué mejor seguridad admitiría el caso que la de seleccionar y apelar a alguna porción de tiempo simple y familiar, como norma para medir el peligro de las innovaciones, para fijar el sentimiento nacional y para unir los esfuerzos patrióticos? La porción de tiempo más simple y familiar aplicable al tema era la de un año; y de ahí que la doctrina haya sido inculcada por un celo loable, para erigir alguna barrera contra las innovaciones graduales de un gobierno ilimitado, de que el avance hacia la tiranía debía calcularse por la distancia de alejamiento del punto fijo de las elecciones anuales.
¿Pero qué necesidad puede haber de aplicar este recurso a un gobierno limitado, como lo estará el federal, por la autoridad de una Constitución suprema? ¿O quién pretenderá que las libertades del pueblo de América no estarán más seguras con elecciones bienales, fijadas irrevocablemente por dicha Constitución, que las de cualquier otra nación donde las elecciones fuesen anuales, o aun más frecuentes, pero sujetas a modificaciones por el poder ordinario del gobierno?