Es un hecho bien conocido de la naturaleza humana que sus afectos son comúnmente débiles en proporción a la distancia o difusividad del objeto.
Bajo el mismo principio por el cual un hombre está más apegado a su familia que a su vecindario, a su vecindario que a la comunidad en general, la gente de cada Estado tendería a sentir una mayor inclinación hacia sus gobiernos locales que hacia el gobierno de la Unión; a menos que la fuerza de ese principio sea destruida por una administración mucho mejor de este último.
Esta fuerte propensión del corazón humano hallaría poderosos auxiliares en los objetos de la regulación del Estado.
La variedad de intereses más insignificantes, que necesariamente recaerán bajo la superintendencia de las administraciones locales y que formarán otros tantos arroyuelos de influencia que recorrerán cada rincón de la sociedad, no puede ser pormenorizada sin incurrir en un detalle demasiado tedioso y poco interesante como para compensar la instrucción que pudiera proporcionar.
Hay una ventaja trascendental perteneciente a la esfera de los gobiernos estatales, que por sí sola basta para colocar el asunto bajo una luz clara y satisfactoria: me refiero a la administración ordinaria de la justicia penal y civil.
Esta, entre todas las demás, es la fuente más poderosa, más universal y más atractiva de obediencia y afecto populares.
Es eso que, siendo el guardián inmediato y visible de la vida y de la propiedad, teniendo sus beneficios y sus terrores en constante actividad ante los ojos del público, regulando todos aquellos intereses personales y asuntos familiares a los que la sensibilidad de los individuos está más inmediatamente despierta, contribuye, más que ninguna otra