necesitan de la ratificación del Parlamento. Pero creo que tal doctrina jamás se había oído hasta que fue ventilada en la ocasión presente. Todo jurista(2) de ese reino, y cualquier otro hombre familiarizado con su Constitución, sabe, como un hecho establecido, que la prerrogativa de hacer tratados reside en la corona en su más absoluta plenitud; y que los pactos celebrados por la autoridad real poseen la más completa validez y perfección jurídica, independientemente de cualquier otra sanción.
El Parlamento, es verdad, es visto a veces empleándose en alterar las leyes existentes para conformarlas a las estipulaciones de un nuevo tratado; y esto puede haber dado origen posiblemente a la imaginación de que su cooperación era necesaria para la eficacia obligatoria del tratado. Pero esta interposición parlamentaria proviene de una causa diferente: de la necesidad de ajustar un sistema de leyes de ingresos y comerciales sumamente artificial y complejo, a los cambios hechos en ellas por la operación del tratado; y de adaptar nuevas disposiciones y precauciones al nuevo estado de cosas, para evitar que la máquina caiga en el desorden.
A este respecto, por lo tanto, no hay comparación entre el poder proyectado del presidente y el poder real del soberano británico. El primero puede realizar por sí solo lo que el segundo solo puede hacer con el concurso de una rama del poder legislativo.
Se debe admitir que, en este caso, el poder del Ejecutivo federal excedería al de cualquier Ejecutivo estatal. Pero esto surge naturalmente del poder soberano que se relaciona con los tratados. Si la Confederación fuera disuelta, se plantearía la cuestión de si los Ejecutivos de los diversos Estados no habrían quedado investidos exclusivamente de esa delicada e importante prerrogativa.
También se ha de autorizar al presidente para recibir embajadores y otros ministros públicos. Esto, aunque ha sido un rico tema de declamación, es más una cuestión de dignidad que de autoridad. Es una circunstancia