Cualesquiera prácticas que puedan tener una tendencia a perturbar la armonía entre los Estados, son objetos propios de la superintendencia y el control federales.
Puede considerarse como la base de la Unión que «los ciudadanos de cada Estado tendrán derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los diversos Estados». Y si es un principio justo que todo gobierno deba poseer los medios para ejecutar sus propias disposiciones por su propia autoridad, se seguirá que, para el mantenimiento inviolable de esa igualdad de privilegios e inmunidades a la que tendrán derecho los ciudadanos de la Unión, el poder judicial nacional debe presidir en todos los casos en que un Estado o sus ciudadanos se opongan a otro Estado o a sus ciudadanos. Para garantizar el pleno efecto de una disposición tan fundamental contra toda evasión y subterfugio, es necesario que su interpretación sea encomendada a aquel tribunal que, al no tener ataduras locales, probablemente sea imparcial entre los diferentes Estados y sus ciudadanos, y que, debiendo su existencia oficial a la Unión, nunca será probable que sienta parcialidad alguna desfavorable hacia los principios en los que se funda.
El quinto punto exigirá poca animadversión. Los idólatras más devotos de la autoridad del Estado no han mostrado hasta ahora disposición a negar al poder judicial nacional el conocimiento de las causas marítimas. Estas dependen tan generalmente de las leyes de las naciones, y afectan tan comúnmente a los derechos de los extranjeros, que entran dentro de las consideraciones relativas a la paz pública. La parte más importante de ellas está sometida, por la Confederación actual, a la jurisdicción federal.
La razonabilidad de la actuación de los tribunales nacionales en los casos en que no se puede suponer que los tribunales del Estado sean imparciales habla por sí misma.
Ningún hombre debe ciertamente ser juez en su propia causa, ni en ninguna causa con respecto a la cual tenga el menor interés o parcialidad.