según el plan de la convención, de una excepción en virtud de la cual los tratados podían ser sustancialmente frustrados por las regulaciones de los Estados; y que la facultad de nombrar y recibir «a otros ministros públicos y cónsules» se añade expresa y muy acertadamente a la disposición anterior relativa a los embajadores.
El término embajador, si se toma estrictamente, según parece exigirlo el segundo de los artículos de la Confederación, comprende únicamente al grado más alto de los ministros públicos, y excluye los grados que los Estados Unidos probablemente preferirán más, allí donde las embajadas extranjeras puedan ser necesarias. Y bajo ninguna latitud de interpretación el término comprenderá a los cónsules. Sin embargo, se ha considerado conveniente, y ha sido la práctica del Congreso, emplear a los grados inferiores de ministros públicos, y enviar y recibir cónsules.
Es verdad que, cuando los tratados de comercio estipulan el nombramiento recíproco de cónsules cuyas funciones están relacionadas con el comercio, la admisión de cónsules extranjeros puede entrar en la órbita de la facultad de celebrar tratados comerciales; y que, cuando no existen tales tratados, la misión de cónsules estadounidenses en países extranjeros puede QUIZáS quedar amparada bajo la autoridad otorgada por el noveno artículo de la Confederación para nombrar a todos los funcionarios civiles que sean necesarios para la administración de los asuntos generales de los Estados Unidos.
Pero la admisión de cónsules en los Estados Unidos, cuando ningún tratado previo lo ha estipulado, parece no haber sido prevista en ninguna parte. Suplir esta omisión es uno de los ejemplos menores en los que la convención ha mejorado el modelo que tenía ante sí.
Pero las disposiciones más minuciosas adquieren importancia cuando tienden a obviar la necesidad o el pretexto de usurpaciones de poder graduales e imperceptibles. Una lista de los casos en que el Congreso se