Nada parece más plausible a primera vista, ni más infundado a una inspección detallada, que un proyecto que en relación con el punto actual ha tenido algunos defensores respetables —me refiero al de mantener al magistrado principal en el cargo durante un tiempo determinado, y luego excluirlo del mismo, ya sea por un período limitado o para siempre jamás—. Esta exclusión, ya sea temporal o perpetua, tendría casi los mismos efectos, y estos efectos serían en su mayor parte más perjudiciales que salutarios.
Un efecto nocivo de la exclusión sería la disminución de los incentivos para el buen comportamiento. Son pocos los hombres que no sentirían mucho menos celo en el cumplimiento de un deber al ser conscientes de que las ventajas del cargo con el que está relacionado deben abandonarse en un período determinado, que cuando se les permite albergar la esperanza de obtener, al merecerlo, su continuidad.
Esta posición no será disputada mientras se admita que el deseo de recompensa es uno de los incentivos más fuertes de la conducta humana; o que la mejor garantía para la fidelidad de la humanidad es hacer que sus intereses coincidan con su deber.
Aun el amor a la gloria, la pasión dominante de las mentes más nobles, que impulsaría a un hombre a planear y emprender empresas vastas y arduas en beneficio público, que exigen un tiempo considerable para madurarlas y perfeccionarlas, si pudiera abrigar la lisonjera esperanza de que se le permitiría terminar lo que había comenzado, le disuadirá, por el contrario, de acometer la empresa cuando presagie que habrá de abandonar la escena antes de poder consumar la obra, y deberá encomendarla, junto con su propia reputación, a manos que pudieran ser ineptas u hostiles para la tarea.
Lo más que puede esperarse de la generalidad de los hombres, en tal situación, es el mérito negativo de no hacer daño, en lugar del mérito positivo de hacer el bien.