Parece que nunca recordaron el peligro de las usurpaciones legislativas, las cuales, al reunir todo el poder en las mismas manos, deben conducir a la misma tiranía con la que amenazan las usurpaciones del poder ejecutivo.
En un gobierno donde se ponen numerosas y extensas prerrogativas en manos de un monarca hereditario, el departamento ejecutivo es muy justamente considerado como la fuente de peligro, y observado con toda la vigilancia que el celo por la libertad debe inspirar.
En una democracia, donde una multitud de personas ejercen en persona las funciones legislativas, y están continuamente expuestas, por su incapacidad para la deliberación regular y las medidas concertadas, a las intrigas ambiciosas de sus magistrados ejecutivos, bien puede temerse que la tiranía, ante alguna contingencia favorable, surja por el mismo lado.
Pero en una república representativa, donde la magistratura ejecutiva está cuidadosamente limitada, tanto en la extensión como en la duración de su poder; y donde el poder legislativo es ejercido por una asamblea que, inspirada por una supuesta influencia sobre el pueblo, abriga una confianza intrépida en su propia fuerza; que es lo suficientemente numerosa como para sentir todas las pasiones que mueven a una multitud, pero no tan numerosa como para ser incapaz de perseguir los objetivos de sus pasiones mediante los medios que la razón prescribe; es contra la ambición emprendedora de este departamento que el pueblo debe albergar todos sus celos y agotar todas sus precauciones.
El departamento legislativo deriva una superioridad en nuestros gobiernos de otras circunstancias. Siendo sus poderes constitucionales a la vez más extensos y menos susceptibles de límites precisos, puede, con mayor facilidad, encubrir bajo medidas complicadas e indirectas las usurpaciones que hace sobre los departamentos coordinados.
No es infrecuente que en los cuerpos legislativos se plantee una cuestión de verdadera sutileza: si los efectos de una medida determinada se