ministeriales de justicia, junto con todos los funcionarios de condados, corporaciones y municipios, para tres millones y más de personas, entremezclados y con un conocimiento particular de cada clase y círculo de personas, deben superar, fuera de toda proporción, tanto en número como en influencia, a los de cualquier descripción que sean empleados en la administración del sistema federal.
Comparémos los miembros de los tres grandes departamentos de los trece Estados, excluyendo del departamento judicial a los jueces de paz, con los miembros de los departamentos correspondientes del gobierno único de la Unión; compárense los oficiales de milicia de tres millones de personas con los oficiales militares y de marina de cualquier establecimiento que esté dentro de los límites de la probabilidad, o, puedo añadir, de la posibilidad, y solo bajo este punto de vista, podemos declarar que la ventaja de los Estados es decisiva.
Si el gobierno federal ha de tener recaudadores de impuestos, los gobiernos estatales tendrán los suyos también. Y como los del primero estarán principalmente en la costa marítima, y no serán muy numerosos, mientras que los de los últimos se extenderán por la superficie del país, y serán muy numerosos, la ventaja en este aspecto también está del mismo lado.
Es verdad que la Confederación ha de poseer, y podrá ejercer, el poder de recaudar impuestos internos así como externos en todos los Estados; pero es probable que no se recurra a este poder, excepto con fines complementarios de ingresos; que entonces se dará a los Estados la opción de aportar sus cuotas mediante recaudaciones previas propias; y que la recaudación eventual, bajo la autoridad directa de la Unión, será realizada por lo general por los funcionarios, y de acuerdo con las reglas, designados por los diversos Estados.
En efecto, es sumamente probable que en otros casos, particularmente en la organización del poder judicial, los funcionarios de los Estados sean