además de anual; y si las circunstancias pueden exigir una desviación de la regla por un lado, ¿por qué no también por el otro?
Si volvemos nuestra atención hacia los períodos establecidos entre nosotros para la elección de las ramas más numerosas de las legislaturas estatales, hallamos que no coinciden en modo alguno en este caso, como tampoco en las elecciones de los demás magistrados civiles.
- En Connecticut y Rhode Island, los períodos son semestrales.
- En los demás Estados, a excepción de Carolina del Sur, son anuales.
- En Carolina del Sur son bianuales, tal como se propone en el gobierno federal.
Aquí hay una diferencia, de cuatro a uno, entre el período más largo y el más corto; y, sin embargo, no sería fácil demostrar que Connecticut o Rhode Island estén mejor gobernadas, o gocen de una mayor porción de libertad racional, que Carolina del Sur; ni que ni la una ni la otra de estas Estados se distinga en estos respectos, y por estas causas, de los Estados cuyas elecciones son diferentes de ambas.
Al buscar los fundamentos de esta doctrina, solo puedo encontrar uno, y este es totalmente inaplicable a nuestro caso. La importante distinción, tan bien comprendida en América, entre una Constitución establecida por el pueblo e inalterable por el gobierno, y una ley establecida por el gobierno y alterable por el gobierno, parece haber sido poco comprendida y menos observada en cualquier otro país.
Dondequiera que ha residido el poder supremo de la legislación, se ha supuesto que reside también un pleno poder para cambiar la forma del gobierno. Incluso en la Gran Bretaña, donde los principios de la libertad política y civil han sido más debatidos, y donde más oímos hablar de los derechos de la Constitución, se sostiene que la autoridad del Parlamento es transcendente e incontrolable, tanto respecto a la Constitución como a los objetos ordinarios de la provisión legislativa.