grado de fuerza que entraña la convicción; en el segundo caso, la unanimidad de los jueces lleva a creer que han alcanzado este grado. Pero el simple sentido común no basta en absoluto para apreciar la extrema diferencia de la probabilidad de error en los dos casos. Es necesario entonces recurrir al cálculo, y se encuentra casi un quinto para la probabilidad de error en el primer caso, y solamente 1⁄8192 para esta probabilidad en el segundo caso, una probabilidad que no es la milésima parte de la primera. Es una confirmación del principio de que la relación aritmética es desfavorable para el acusado cuando aumenta el número de jueces.
Por el contrario, si se toma como regla la razón geométrica, la probabilidad del error de la decisión disminuye cuando el número de jueces aumenta.
Por ejemplo, en los tribunales que solo pueden condenar por una pluralidad de dos tercios de los votos, la probabilidad de temer un error es de cerca de un cuarto si el número de jueces es seis; está por debajo de 1⁄7 si este número se aumenta a doce.
Así pues, no se debe regir uno ni por la razón aritmética ni por la razón geométrica si se desea que la probabilidad de error no esté nunca ni por encima ni por debajo de una fracción dada.
Pero ¿qué fracción debe determinarse? Es aquí donde comienza la arbitrariedad y los tribunales ofrecen a este respecto la mayor variedad.
En los tribunales especiales, donde cinco de los ocho votos bastan para la condena del acusado, la probabilidad del error que debe temerse respecto a la justicia del fallo es 65⁄256, o más de ¼.
La magnitud de esta fracción es espantosa; pero lo que debe tranquilizarnos un poco es la consideración de que, con mayor frecuencia, el juez que absuelve a un acusado no lo considera inocente; se pronuncia únicamente sobre que este no está alcanzado por pruebas suficientes para la condena.
Uno se tranquiliza especialmente por la piedad que la naturaleza ha colocado en el corazón del hombre y que dispone a la mente a ver solo con repugnancia a un culpable en el acusado sometido a su juicio. Este sentimiento, más activo en aquellos que no tienen el hábito de los juicios criminales, compensa los inconvenientes anejos a la inexperiencia de los jurados.
En un jurado de doce miembros, si la pluralidad exigida para la condena es de ocho de doce votos, la probabilidad del error que ha de temerse es 1093⁄8192, o un poco más de un octavo; es casi de 1⁄22 si esta pluralidad consta de nueve votos. En el caso de la unanimidad, la probabilidad del error que ha de temerse es 1⁄8192, es decir, más de mil veces menor que en nuestros jurados.
Esto supone que la unanimidad resulta únicamente de las pruebas favorables o contrarias al acusado; pero motivos que le son enteramente extraños deben concurrir a menudo a producirla, cuando se impone al jurado como una condición necesaria de su juicio.
Dependiendo entonces sus decisiones del temperamento, del carácter, de los hábitos de los jurados y de las circunstancias en las que se encuentran, son a veces contrarias a las decisiones que la mayoría del jurado habría tomado si hubiese atendido únicamente a las pruebas; esto me parece ser un gran defecto de esta manera de juzgar.
La probabilidad de la decisión es demasiado débil en nuestros jurados, y creo que para dar una garantía suficiente a la inocencia, se debería exigir al menos una pluralidad de nueve votos de doce.