de la Federación del Oeste de Mineros fueron igualmente arrestados y arrojados a la cárcel bajo el cargo de "vagancia".
Estos supuestos vagos, todos los cuales tenían fondos y eran ciudadanos respetables y respetuosos de la ley de la comunidad, lo pasaron mucho peor que sus líderes, quienes estaban detenidos por un cargo aparentemente más grave. A algunos se les impusieron multas, mientras que a otros se les dio una temporada en la cárcel. A otros tantos se les trató aún peor, viéndose obligados bajo fuerte custodia, como criminales convictos, a limpiar las calles de Telluride y a realizar otros trabajos públicos subalternos; y cada vez que un minero dejaba de trabajar para descansar un momento, el pinchazo de una bayoneta pronto le recordaba que descansar era una ofensa grave contra las leyes de Colorado y la Constitu-
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tución de los Estados Unidos tal como la entendían el gobernador Peabody, el general Bell, el capitán Bulkley Wells, C. C. Hamlin, James McParland, el obispo Matz, el juez presidente Gabbert y otros ciudadanos destacados.
Este estado de cosas continuó en Telluride hasta finales del año 1903, sin que los mineros vacilaran ni un instante en su lealtad a lo que consideraban su deber, y sin mostrar la menor señal o intención de reanudar el trabajo, a menos que a los obreros de los molinos y fundiciones del distrito se les concediera una jornada laboral de ocho horas.
En vista de la férrea resistencia de los mineros y de su aparente indiferencia ante la humillación y la persecución, los propietarios de las minas decidieron que su único recurso era expulsar a la Federación del condado de San Miguel. Enviaron instrucciones a la sede del gobierno estatal en Denver, y el resultado deseado no tardó en producirse.