medida para presentar cargos en su contra. Por experiencias previas, para la Federación Occidental de Mineros era evidente que los militares tenían la intención de mantener al Sr. Moyer prisionero por un período indefinido. Los oficiales de la Federación, con su prontitud habitual, obtuvieron un recurso de habeas corpus del juez Stevens, ordenando al general Bell y al capitán Bulkley Wells que llevaran al Sr. Moyer ante el tribunal el 11 de abril. Estas personas se negaron rotundamente a obedecer el recurso, bajo el pretexto de que los oficiales militares en servicio de campaña no están sujetos a ningún proceso civil.
El juez Stevens sostenía un punto de vista diferente sobre esta cuestión, pues declaró al general Bell y al capitán Wells culpables de desacato, multó a cada uno con 500 dólares y ordenó la liberación del señor Moyer. Los comandantes militares ni pagaron la multa ni liberaron
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su prisionero. Por el contrario, corría el persistente rumor de que el general Bell iba a arrestar al juez Stevens.
Cuando les quedó claro a los abogados de la Federación que los militares no obedecerían al Tribunal de Distrito, recurrieron a la Corte Suprema en busca de amparo, y dicho tribunal, el 15 de abril, emitió un auto de habeas corpus, ordenando a los comandantes militares en Telluride que presentaran el cuerpo de Charles H. Moyer ante ella el 21 de abril de 1904.
El lector recuerda el caso de Victor Poole. El gobernador había, mediante una proclamación ejecutiva formal, intentado suspender el recurso de habeas corpus en el caso de Victor Poole. La Corte Suprema, a pesar de la proclamación del gobernador, emitió un recurso de habeas corpus para el