Entonces le pidieron a John H. Murphy, abogado de la Federación del Oeste de Mineros, que llamara por teléfono al gobernador. El Sr. Murphy lo hizo, pero no corrió con mejor suerte que el comité. Tras intentar en vano durante tres días conseguir una entrevista con el gobernador, el comité regresó con aquellos que los habían enviado: mortificados y con las manos vacías.
Tan pronto como el comité abandonó Denver, el gobernador volvió a dejarse ver muchísimo, y el más novato de los reporteros de cualquier periódico podía ver y hablar con Su Excelencia con solo pedirlo.
Los periodistas de Denver le preguntaron al gobernador qué pensaba hacer en Telluride, y por qué le había negado una audiencia al comité de los mineros deportados.
126 El espía laboral de Pinkerton.
El gobernador Peabody protestó inocentemente diciendo que no tenía idea de que hubiera ocurrido nada extraordinario en Telluride que requiriera su atención; que ningún comité de ningún tipo lo había visitado, y que realmente no sabía absolutamente nada acerca de toda la transacción de Telluride.
A continuación se le preguntó al gobernador cuál sería su actitud en caso de que los mineros deportados intentaran regresar a Telluride al amparo de un interdicto contra la Alianza de Ciudadanos; y el gobernador, sin dudarlo, dio esta respuesta:
«Los mineros de Telluride tienen derecho a acudir a los tribunales y solicitar una orden judicial. Los hombres expulsados de Idaho Springs regresaron al amparo de una orden judicial, y si se emite una orden judicial para los en huelga de Telluride, sin duda podrán regresar bajo su protección».