no se hiciera nada para impedirlos, es de temer que las costumbres de una sociedad se volvieran gradualmente más rudas y que los actos que ahora son raros dejaran de serlo. Si los anarquistas tienen razón al sostener que la existencia de un sistema económico como el que desean impediría la comisión de delitos de este tipo, las leyes que los prohíben ya no entrarían en vigor y no harían ningún daño a la libertad. Si, por otra parte, el impulso a tales acciones persistiera, sería necesario tomar medidas para reprimir a los hombres que se entregan a
- La tercera clase de dificultades es, con mucho, la más grave e implica la interferencia más drástica con la libertad. No veo cómo se podría tolerar un ejército privado dentro de una comunidad anarquista, y no veo cómo podría evitarse salvo mediante una prohibición general de portar armas.
Si no existiera tal prohibición, facciones rivales organizarían fuerzas rivales, y el resultado sería la guerra civil. Sin embargo, si existe tal prohibición, difícilmente puede llevarse a cabo sin una interferencia muy considerable en la libertad individual.
Sin duda, transcurrido un tiempo, la idea de usar la violencia para lograr un objetivo político podría desvanecerse, tal como lo ha hecho la práctica del duelo. Pero tales cambios de hábito y perspectiva se ven facilitados por la prohibición legal, y difícilmente se producirían sin ella.
No hablaré aún del aspecto internacional de este mismo problema, pues me propongo tratarlo en el capítulo siguiente, pero es evidente que las mismas consideraciones se aplican con mayor fuerza aún a las relaciones entre las naciones.
Si admitimos, por muy de mala gana que sea, que el derecho penal es necesario y que la fuerza de la comunidad debe hacerse sentir para prevenir ciertos tipos de acciones, surge una nueva pregunta: ¿Cómo ha