“Whatever one may think of native ideas, acts such as taking women as hostages outrage too much our ideas of justice to be tolerated. The State has prohibited this practice long ago, but without being able to suppress it.”
El Estado prohíbe, pero el Estado no solo lo condena, sino que en realidad lo ordena mediante circular privada.
Nuevamente la brecha que media entre la ley y el hecho cuando está de por medio el interés de la ganancia.
«Apenas se negaba —continúa el Informe— que en los diversos puestos de la A.B.I.R. que visitamos, el encarcelamiento de mujeres rehenes, el sometimiento de los jefes a trabajos serviles, las humillaciones infligidas a estos, los azotes a los recolectores de caucho, la brutalidad de los empleados negros puestos al frente de los prisioneros, eran la regla comúnmente seguida».
Luego sigue un pasaje esclarecedor sobre los centinelas, capitas o «guardias forestales», o mensajeros, como se les llama alternativamente. Es un milagro que no se les llamara celadores de hospital en el esfuerzo por hacer que parecieran inofensivos. Lo que en realidad eran, como hemos visto, era unos veinte mil caníbales armados con rifles de repetición Albini. El Informe dice:
“This system of native supervisors (surveillants) has given rise to numerous criticisms, even on the part of State officials. The Protestant missionaries heard at Bolobo, Ikoko (Lake Mantumba), Lulonga, Bonginda, Ikau, Baringa and Bongandanga, drew up formidable accusations against the acts of these intermediaries. They brought before the Commission a MULTITUDE OF NATIVE WITNESSES, WHO REVEALED A