oligarquías en sus tribunales de justicia; pues éstas multan a quienes son designados para juzgar causas si no asisten, del mismo modo deben ellas recompensar a los pobres por acudir a las asambleas públicas: y sus consejos serán mejores cuando todos se aconsejen mutuamente, los ciudadanos con los nobles, los nobles con los ciudadanos. También es aconsejable, cuando el consejo ha de estar compuesto por una parte de los ciudadanos, elegir, ya sea por votación o por sorteo, un número igual de ambos rangos. También es adecuado, si la gente común en el Estado es muy numerosa, o bien no pagar a todos por su asistencia, sino solo a un número tal que los iguale con los nobles, o rechazar a muchos de ellos por sorteo.
En una oligarquía deberían convocar a algunos de los ciudadanos comunes al consejo, o bien establecer un tribunal, como se hace en otros Estados, a quienes llaman preasesores o guardianes de las leyes, cuya tarea debería ser proponer primero lo que luego habrán de decretar. Por este medio, el pueblo tendría un lugar en la administración de los asuntos públicos, sin tener el poder de ocasionar desorden alguno en el gobierno.
Además, al pueblo se le puede permitir votar sobre cualquier proyecto de ley que se proponga, pero sin poder proponer por sí mismo nada contrario a este; o bien puede dar su consejo, mientras que la facultad de decidir recae únicamente en los magistrados.
También es necesario seguir una práctica contraria a la establecida en las democracias, pues al pueblo se le debe conceder el poder de indultar, pero no el de condenar, ya que la causa debe remitirse nuevamente a los magistrados; mientras que lo contrario ocurre en las repúblicas, pues el poder de indultar lo tienen unos pocos, pero no el de condenar, el cual se remite siempre [1299a] al pueblo en general.
Y así es como resolvemos lo relativo al poder deliberativo en cualquier Estado, y en manos de quién debe estar.