CAPÍTULO II

Ahora bien, el fundamento de un Estado democrático es la libertad; y la gente ha solido decir esto como si solo aquí se pudiera encontrar la libertad, pues afirman que este es el fin que persigue toda democracia. Pero una parte de la libertad es gobernar y ser gobernado alternativamente; porque, según la justicia democrática, la igualdad se mide por el número, y no por el mérito; y siendo esto justo, es necesario que el poder supremo recaiga en la multitud de los ciudadanos y que lo que la mayoría determine sea definitivo; de modo que en una democracia los pobres deben tener más poder que los ricos, por ser los más numerosos; pues esta es una señal de libertad que todos los legisladores de una democracia establecen como criterio de ese Estado; otra es vivir como a cada uno le plazca, porque esto, dicen, es un derecho que otorga la libertad, ya que es esclavo quien tiene que vivir como no le plazca. Este, pues, es otro criterio de la democracia. De aquí surge la pretensión de no estar bajo el mando de nadie en absoluto, por ningún motivo, de ninguna otra manera que no sea por turnos, y tan solo en la medida en que esa persona esté, a su vez, bajo el mando de los demás. Esto también contribuye a esa igualdad que exige la libertad. Sentadas estas premisas, y siendo tal el gobierno, se sigue que en él deben observarse reglas como las siguientes: que todos los magistrados sean elegidos de entre todo el pueblo, y todos para mandar a cada uno, y cada uno a su vez a todos; que todos los magistrados sean elegidos por sorteo, excepto para aquellos cargos que requieran de algún conocimiento y habilidad particulares; que no se requiera censo alguno, o que este sea muy pequeño, para habilitar a un hombre para cualquier cargo; que nadie ocupe el mismo empleo dos veces, o muy pocos y muy rara vez, excepto en el ejército; que todos los nombramientos se limiten a un tiempo muy breve, o al menos a tantos como sea posible; que toda la comunidad esté capacitada para