tenido lugar lo había oprimido terriblemente, y el «obrero libre» tuvo que sentir toda la fuerza de las causas que le habían regalado su «libertad» en aras del creciente comercio. En Inglaterra, por un lado, la expropiación de los pequeños propietarios (yeomanry) de la tierra y la conversión de las tierras de labor en pastos habían proporcionado una gran población de estos trabajadores libres que, por otro lado, no eran absorbidos con rapidez por las todavía escasas 106 manufacturas del país, sino que constituían una especie de población semivagabunda, bastante molesta para las clases alta y media. Las leyes promulgadas contra dichos mendigos en tiempos de Enrique VIII y Eduardo VI eran absolutamente feroces, y los hombres eran ahorcados sin contemplaciones de a millar.
Pero en el reinado de Isabel se descubrió que ni siquiera esto era suficiente para remediar el mal, el cual, por supuesto, se había visto muy agravado por la supresión de las casas religiosas, parte cuya función era el alojamiento y la manutención de cualquier sector de los trabajadores temporalmente desplazados.
Se aprobó, por tanto, una Ley de Pobres (1601) para hacer frente a esta miseria, y, por extraño que parezca, fue mucho más humana de lo que cabría esperar por la forma en que se había tratado a los pobres hasta entonces; tanto es así, en efecto, que los filántropos utilitaristas de principios de este siglo se vieron obligados a abordarla de una manera drástica, que nos dejó una Ley de Pobres tan poco humana como cabía esperar.
Hacia mediados del siglo XVII las cosas empezaron a mejorar para nuestra población trabajadora: el crecimiento de las ciudades estimuló la agricultura, y el cultivo de la tierra comenzó a renacer de nuevo, aunque por supuesto bajo el nuevo sistema de cultivo con ánimo de lucro. Los asuntos se estaban estabilizando de hecho, preparando al país mediante una época de algo parecido a la prosperidad para la nueva revolución en la industria.81