públicas, y casi todas las privadas: especialmente la música, el baile, los juegos públicos u otras reuniones con fines de distracción, y el teatro. Todavía existen en este país grandes grupos de personas por cuyas nociones de moralidad y religión estas recreaciones son condenadas; y perteneciendo dichas personas principalmente a la clase media, que es el poder ascendente en la condición social y política actual del reino, no es en absoluto imposible que individuos con estos sentimientos alcancen en algún momento una mayoría en el Parlamento. ¿Cómo le gustaría al resto de la comunidad que las diversiones que les fuesen permitidas estuvieran reguladas por los sentimientos religiosos y morales de los calvinistas y metodistas más estrictos? ¿No desearían, con considerable rotundidad, que estos miembros de la sociedad intrusivamente piadosos se metieran en sus propios asuntos? Esto es precisamente lo que debería decirse a todo gobierno y a todo público que pretenda que ninguna persona disfrute de ningún placer que ellos consideren incorrecto. Pero si se admite el principio de tal pretensión, nadie puede objetar razonablemente a que se actúe conforme a él en el sentido de la mayoría, o de otro poder preponderante en el país; y todas las personas deben estar dispuestas a conformarse a la idea de una commonwealth cristiana, tal como la entendían los primeros colonos en Nueva Inglaterra, si una profesión religiosa similar a la suya lograse alguna vez recuperar el terreno perdido, como tan a menudo se ha visto hacer a religiones que se suponían en declive.
Para imaginar otra contingencia, tal vez más probable de realizarse que la última mencionada. Existe confeso en el mundo moderno un fuerte tendencia hacia una constitución democrática de la sociedad, acompañada o no de instituciones políticas populares. Se afirma que en el país donde esta tendencia se realiza más plenamente —donde tanto la