De la libertad de pensamiento y discusión

El tiempo, es de esperar, ha pasado ya en que fuera necesaria cualquier defensa de la «libertad de prensa» como una de las garantías contra un gobierno corrupto o tiránico.

Ningún argumento, podemos suponer, hace falta ya contra permitir que un poder legislativo o ejecutivo, cuyos intereses no estén identificados con los del pueblo, prescriba opiniones a este y determine qué doctrinas o qué argumentos se le permitirá escuchar.

Este aspecto de la cuestión, además, ha sido tan frecuente y triunfalmente defendido por escritores anteriores, que no es necesario insistir especialmente en él en este lugar.

Aunque la ley de Inglaterra, en lo referente a la prensa, sea tan servicial hoy en día como lo era en la época de los Tudor, hay poco peligro de que se aplique realmente contra la discusión política, excepto durante algún pánico temporal, cuando el temor a la insurrección hace perder la sensatez a ministros y jueces; y, en términos generales, no es de temer que en los países constitucionales el gobierno, ya sea plenamente responsable ante el pueblo o no, intente a menudo controlar la expresión de opinión, excepto cuando al hacerlo se convierte en el órgano de la intolerancia general del público.