Supongamos, por lo tanto, que el gobierno está enteramente de acuerdo con el pueblo y jamás piensa en ejercer ningún poder de coerción a menos que sea en consonancia con lo que cree que es la voz de este.
Pero niego el derecho del pueblo a ejercer tal coerción, ya sea por sí mismo o a través de su gobierno. El poder en sí mismo es ilegítimo. El mejor gobierno no tiene más derecho a él que el peor. Es tan pernicioso, o más pernicioso, cuando se ejerce de acuerdo con la opinión pública que cuando lo hace en su contra.
Si toda la humanidad, menos uno, fuera de una sola opinión, y solo una persona fuera de la opinión contraria, la humanidad no estaría más justificada en silenciar a esa única persona de lo que esta lo estaría, si tuviera el poder, en silenciar a la humanidad.
Si una opinión fuera una posesión personal sin más valor que para su dueño; si ser obstruido en el disfrute de ella fuera simplemente un perjuicio privado, importaría algo que el daño se infligiera solo a unas pocas personas o a muchas.
Pero el mal peculiar de silenciar la expresión de una opinión es que se está robando a la raza humana; a la posteridad tanto como a la generación presente; a los que disienten de la opinión, todavía más que a los que la sostienen.
Si la opinión es correcta, se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; si es errónea, pierden un beneficio casi igual de grande: la percepción más clara y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error.
Es necesario considerar por separado estas dos hipótesis, a cada una de las cuales corresponde una rama distinta del argumento: * Jamás podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de ahogar sea una opinión