Como otras tiranías, la de la mayoría fue al principio, y sigue siéndolo en la opinión vulgar, temida principalmente por sus efectos a través de los actos de las autoridades públicas. Pero las personas reflexivas advirtieron que cuando la sociedad es la tirana misma —la sociedad colectivamente, sobre los individuos separados que la componen—, sus medios de tiranizar no están restringidos a los actos que puede realizar por medio de sus funcionarios políticos. La sociedad puede ejecutar y ejecuta sus propios mandatos: y si emite mandatos equivocados en vez de acertados, o mandatos de cualquier clase en asuntos en los que no debería entrometerse, practica una tiranía social más formidable que muchas clases de opresión política, ya que, aunque no suele estar respaldada por penas tan extremas, deja menos medios de escapar, penetrando mucho más profundamente en los detalles de la vida y esclavizando al alma misma.
Por consiguiente, la protección contra la tiranía del magistrado no basta: es necesaria también la protección contra la tiranía de la opinión y del sentimiento predominantes; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como normas de conducta a aquellos que disientan de ellas; a coartar el desarrollo y, de ser posible, impedir la formación de cualquier individualidad que no esté en armonía con sus modos de ser, y a obligar a todos los caracteres a moldearse según el patrón del suyo propio.
Hay un límite para la legítima intervención de la opinión colectiva en la independencia individual: y encontrar ese límite, y mantenerlo contra toda usurpación, es tan indispensable para el buen estado de los asuntos humanos como la protección contra el despotismo político.
Pero aunque esta proposición no sea probable que se discuta en términos generales, la cuestión práctica de dónde fijar el límite —de cómo lograr el ajuste adecuado entre la independencia individual y el control social— es