si se le permitiera, pero a quien no se le permite, equivale a asumir que nosotros mismos, y quienes están de acuerdo con nosotros, somos los jueces de la certeza, y jueces sin escuchar a la otra parte.
En la época actual —que ha sido descrita como «desprovista de fe, pero aterrorizada por el escepticismo»—, en la cual la gente se siente segura, no tanto de que sus opiniones sean verdaderas, como de que no sabría qué hacer sin ellas, las pretensiones de una opinión de ser protegida del ataque público se basan no tanto en su verdad, como en su importancia para la sociedad. Existen, según se alega, ciertas creencias tan útiles, por no decir indispensables para el bienestar, que es tanto deber de los gobiernos sostener dichas creencias como proteger cualesquiera otros intereses de la sociedad. En un caso de tal necesidad, y tan directamente en la línea de su deber, algo menos que la infalibilidad puede, según se sostiene, autorizar, e incluso obligar, a los gobiernos a actuar según su propia opinión, confirmada por la opinión general de la humanidad.