V. Aplicaciones

los administradores de la tasa de pobres en todo el país. Cualesquiera que sean los poderes que la Junta ejerza más allá de este límite, eran justos y necesarios en ese caso particular, para la erradicación de hábitos arraigados de mala administración en asuntos que afectan profundamente no solo a las localidades, sino a toda la comunidad; puesto que ninguna localidad tiene el derecho moral de convertirse, por una mala gestión, en un nido de pauperismo, que necesariamente se desborde hacia otras localidades y perjudique la condición moral y física de toda la clase trabajadora. Los poderes de coerción administrativa y de legislación subordinada que posee la Junta de la Ley de Pobres (pero que, debido al estado de la opinión sobre el asunto, ejerce de forma muy escasa), aunque perfectamente justificables en un caso de interés nacional de primer orden, estarían totalmente fuera de lugar en la superintendencia de intereses puramente locales. Sin embargo, un órgano central de información e instrucción para todas las localidades sería igualmente valioso en todos los departamentos de la administración. Un gobierno no puede tener demasiado de ese tipo de actividad que no entorpece, sino que ayuda y estimula, el esfuerzo y el desarrollo individuales. El daño comienza cuando, en lugar de invocar la actividad y las facultades de los individuos y de los cuerpos, sustituye la actividad de estos por la suya propia; cuando, en vez de informar, aconsejar y, en ocasiones, censurar, los hace trabajar encadenados o les ordena apartarse para hacer el trabajo en lugar de ellos. El valor de un Estado, a la larga, es el valor de los individuos que lo componen; y un Estado que pospone los intereses de su expansión y elevación mental en favor de un poco más de habilidad administrativa, o de esa apariencia de la misma que la práctica otorga en los detalles de los negocios; un Estado que empequeñece a sus hombres para que sean instrumentos más dóciles en sus manos, incluso con fines