comerciantes en promover la intemperancia es un mal real y justifica que el Estado imponga restricciones y exija garantías que, de no mediar esa justificación, serían violaciones de la
Una cuestión ulterior es si el Estado, al tiempo que lo permite, debe sin embargo desincentivar indirectamente una conducta que considera contraria a los mejores intereses del agente; si, por ejemplo, debe tomar medidas para encarecer los medios para la embriaguez, o dificultar su obtención limitando el número de los lugares de venta. Sobre esta, como sobre la mayoría de las cuestiones prácticas, es necesario hacer muchas distinciones. Gravar los estimulantes con el único propósito de hacerlos más difíciles de obtener es una medida que solo difiere en grado de su prohibición total, y solo sería justificable si esta lo fuera. * Todo aumento de costo es una prohibición para aquellos cuyos medios no alcanzan el precio incrementado; y para aquellos a quienes sí, es una sanción impuesta por satisfacer un gusto particular. * Su elección de placeres y su modo de gastar sus ingresos, tras satisfacer sus obligaciones legales y morales con el Estado y con los individuos, son asunto propio y deben quedar a su propio juicio. Estas consideraciones pueden parecer a primera vista condenar la selección de los estimulantes como objetos especiales de tributación con fines recaudatorios. Pero debe recordarse que los impuestos con fines fiscales son absolutamente inevitables; que en la mayoría de los países es necesario que una parte considerable de dichos impuestos sea indirecta; que el Estado, por tanto, no puede evitar imponer sanciones, que para algunas personas pueden ser prohibitivas, sobre el uso de ciertos artículos