Pero se me debe permitir observar que no es el sentirse seguro de una doctrina (sea la que fuere) lo que llamo una presunción de infabilidad.
Es el empeño en decidir esa cuestión por los demás, sin permitirles oír lo que pueda decirse en contra. Y denuncio y repruebo esta pretensión no con menos fuerza si se formula en pro de mis más solemnes convicciones.
Por muy firme que sea la convicción de cualquiera, no solo de la falsedad, sino de las consecuencias perjudiciales —no solo de las consecuencias perjudiciales, sino (para adoptar expresiones que condeno por completo) de la inmoralidad y la impiedad de una opinión; aun así, si en virtud de ese juicio privado, aunque esté respaldado por el juicio público de su país o de sus contemporáneos, impide que la opinión sea escuchada en su defensa, está asumiendo la infalibilidad. Y lejos de ser esta presuposición menos censurable o menos peligrosa porque la opinión sea tachada de inmoral o impía, este es el caso de todos en el que resulta más fatal.
Estas son exactamente las ocasiones en que los hombres de una generación cometen esos errores terribles que despiertan el asombro y el horror de la posteridad.
Es entre tales ocasiones donde encontramos los ejemplos memorables en la historia, en que el brazo de la ley se ha empleado para extirpar a los mejores hombres y a las doctrinas más nobles; con deplorable éxito en cuanto a los hombres, aunque algunas de las doctrinas han sobrevivido para ser (como en señal de burla) invocadas en defensa de una conducta similar hacia aquellos que difieren de ellas, o de su interpretación aceptada.
Difícilmente se le recordará a la humanidad con demasiada frecuencia que hubo una vez un hombre llamado Sócrates, entre el cual y las autoridades legales y la opinión pública de su tiempo tuvo lugar un memorable choque.